31 / 01 | Política

ABORTO, UN ESTADO DE LAS COSAS

Existe una normativa nacional que garantiza la práctica del aborto por causales y la exime de sanción penal. Los equipos de salud están obligados a asesorar, acompañar y proveer los insumos para que las personas con ese derecho accedan a la interrupción legal. Si esto no se está cumpliendo, no es solo porque todavía no hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino por ausencia de políticas públicas que reduzcan las resistencias hacia su implementación y gestionen los recursos materiales y simbólicos necesarios.

Siempre es hoy

A mediados de agosto pasado, apenas luego del previsible rechazo del Senado a la legalización del aborto, supimos de la muerte de Liz. Tenía 34 años, un hijo de dos y la autopsia reveló restos de perejil en su útero. No era la primera y acaso tampoco la última, pero fue el cachetazo en la cara de quienes estábamos siguiendo atentamente el debate. Inmediatamente, la virulencia pública en las redes y en los medios se volcó hacia el cuerpo legislativo por no haber estado a la altura de una indudable necesidad de la salud pública de nuestro país. Es triste admitirlo, pero incluso con la sanción de la ley, no sabemos si hubiésemos podido salvar la vida de Liz.


Días atrás, el debate se reavivó por el caso de una nena jujeña de 12 años, embarazada producto de una violación, cuyo derecho al aborto fue cuestionado públicamente por un cúmulo de personas, con la diputada radical de esa provincia Gabriela Burgos a la cabeza. Los medios titularon: “Pese a la resistencia de grupos Pro-Vida, la nena podrá practicarse el aborto”. Se podía haber titulado: “Pese a las garantías vigentes, un grupo antiaborto pretende obstaculizar el derecho de una niña”, pero…

"La contienda parece dejarnos en el mismo lugar que al principio, como si la mera acumulación de casos un día fuera a colmar el vaso y no hubiera otra cosa más que la tierra llana"

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El caso y la cosa

Episodio a episodio, nos enteramos de las circunstancias en que cada mujer o nena es ‘hablada’ por ese discurso público. Algo tironea hasta lograr que los medios nutran el morbo con dimes y diretes. Queremos ser todas, juntas, una fuerza, pero el cuerpo que está atravesado por la historia es de ella, sola. No, la interrupción voluntaria del embarazo no es ley. Y sí, queremos que lo sea. El debate, entonces, deriva en la proclama de lo que nos gustaría que fuese -ese aborto voluntario que todavía no es- y se contorsiona a la luz de alguna Liz, nena violada u Obarrio de turno, pendulando sin escalas entre biografías aisladas y consignas basadas en lo ausente. La contienda parece dejarnos en el mismo lugar que al principio, como si la mera acumulación de casos un día fuera a colmar el vaso y no hubiera otra cosa más que la tierra llana.

Un punto ciego de estos ‘hechos de palabra’ es la omisión, a veces malintencionada, otras olvidada y muchas ignorada, de aquellos pasos ya dados en este sentido por los poderes el Estado (en su gran mayoría impulsados tanto por colectivos militantes como por demandas legales sobre casos puntuales). Estos mojones son fallos judiciales, normativas nacionales y jurisdiccionales, redactadas y reescritas con actualizaciones, gestiones que capacitaron a equipos de salud de distintos distritos y les proveyeron insumos para interrumpir legalmente embarazos no buscados. Todas estas medidas son perfectibles, pero a diferencia de las cosas que anhelamos, son tangibles. El camino es, entonces, de acción política. Y la acción política, en este caso como en tantos otros, no empieza sobre una tabla rasa. Porque cuando esa ley se sancione -y un día va a ocurrir-, los trabajos prácticos necesariamente van a arrancar allí donde está lo que esté, lo que haya que germinar y lo que haya que desterrar.

Es por eso, y sobre todo a la luz del anuncio de la presentación legislativa de un nuevo proyecto de ley de IVE, que es imperativo recuperar, puntualizar, poner en valor, difundir, acercar, compartir, repartir, repetir, insistir, marcar aquellas políticas públicas que asisten nuestros derechos, que están vigentes y que, sin soslayar la enorme pujanza de los colectivos militantes para lograrlas y mejorarlas, ni tampoco negar las desigualdades con que estas políticas se implementan en las distintas provincias, permanecen en algunos casos en el absoluto desconocimiento de quienes más las precisan. Por cercanía geográfica de recursos, parte de esta información sí podría haber torcido el destino de Liz.

"Un punto ciego de estos ‘hechos de palabra’ es la omisión, a veces malintencionada, otras olvidada y muchas ignorada, de aquellos pasos ya dados en este sentido por los poderes el Estado"

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Hechos y palabras

En 2010, el entonces Ministerio de Salud de la Nación produjo las Pautas de intervención en abortos no punibles, cuyo antecedente fue la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, de 2007. En su presentación, reconoce que muchas mujeres veían vulnerado el derecho a acceder a los abortos no punibles que el Código Penal previó hace casi cien años. En 2015, luego del caso FAL de 2012, aquella norma fue reescrita en base a la ampliación de derechos que supuso el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y en la actualidad contamos con el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE). A través de él, se norma la práctica de los abortos no punibles (ANP) por causales.

El racconto parece aburrido, pero es necesario puntualizarlo: son documentos redactados por el Estado que plasman lo que sí se puede hacer para no caer en un sucucho donde dejar la vida o ceder a la estafa de algún vivillo que, incluso con reconocimiento, nos cobre carísimo por algo que es un derecho de libre acceso en condiciones dignas. La clandestinidad nos hace sufrir a todas, pero a las pobres, las mata. Y cada vez que no decimos que hay opciones fuera de esa díada clandestina con distinción de clase, estamos omitiendo información que salva vidas.

Como es obvio, no todo lo que se hace en el Estado se anuncia en conferencias de prensa. No siempre estas publicaciones se pudieron difundir masivamente, imprimir, subir en páginas web y, sin embargo, en muchos casos hasta subterráneamente, circularon. Muchas de las personas que integran los colectivos militantes son también trabajadores del sistema de salud u organizaciones de bien público que han ayudado a acercar los recursos, casi por definición escasos, a las personas que los precisaban y, aun con disparidades, contaron con el soporte legal para que su tarea no fuera denunciada como ilegal. Parte de la falta de difusión también puede haberse debido a cierto cuidado no dicho de una tarea incipiente. Recordemos cierto aborto no punible que se iba a hacer en Buenos Aires, en octubre de 2012, en el Ramos Mejía, anunciado públicamente por el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, que desembocó en una intervención de los antiaborto en el hospital, en un juzgado y hasta en domicilio de la mujer.

"son documentos redactados por el Estado que plasman lo que sí se puede hacer para no caer en un sucucho donde dejar la vida o ceder a la estafa de algún vivillo"

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En 2014, el Oxaprost (el producto farmacéutico en que estaba disponible en aquel momento el misoprostol) integraba el listado de los Precios Cuidados. Maniobras del laboratorio proveedor hicieron desaparecer del mercado la presentación allí incluida y la cambiaron por otra en la que casi se duplicaba el precio de las pastillas. Con el cambio de gobierno, la droga no volvió a figurar entre los insumos protegidos.

Contrastemos el valor del gobierno que se atreve a dar el enriquecedor debate sobre la posible legalización del aborto con el silencio de un gobierno que dicta normas que protegen a las mujeres y a los profesionales para asesorar y realizar interrupciones del embarazo sin temor a recibir denuncias penales y dispone precios diferenciales para la droga con que se puede realizar un aborto de forma ambulatoria. Pongan las comillas donde les parezca.

Irreversible

Entonces, lo que sí: el aborto no punible por causales. Lo que sigue también es letra dura. Es una síntesis de lo planteado en los documentos. Son las causales sin ninguna opinión sobre ellas. Cada quién interpretará qué límites tienen. Pero, si se fijan, entra casi todo menos el solito “porque sí”. Veamos:

La causal violación no requiere denuncia policial ni judicial, sólo una declaración jurada de la mujer.

La causal riesgo para la salud (física, psíquica y/o social) presume la amplia concepción de salud, que la OMS describe como “completo estado de bienestar y no solo ausencia de afecciones o enfermedades”. El dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima están incluidos en la afectación de la salud mental.

La causal riesgo para la vida se entiende como la situación extrema de la afectación de la salud. Las dos últimas causales no exigen un daño actual sino su posible ocurrencia en el futuro. Los equipos de salud deben contemplar que quien consulta es quien toma la decisión sobre el riesgo que está dispuesta a correr si prosigue o no con el embarazo, en base a la información que tiene obligación de brindar.

"Existen garantías de no punibilidad de la Corte Suprema de Justicia y cualquier ley que implique un retroceso respecto de ellas va a tener más destino de deriva judicial que de aplicación plena"

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La directiva nacional, surgida del ex Ministerio de Salud, dice que “toda vez que una persona solicite la interrupción de un embarazo que se encuadre en estas causales, el equipo de salud debe garantizar el acceso a la ILE en condiciones seguras y sin riesgos, con rapidez en la atención y en la interrupción” (Fuente: Programa de Salud Sexual y Reproductiva).

Este es el umbral desde el que discutir cómo exigirlo donde no se aplica y desde donde partir hacia la expansión de lo que sigue. Es insoslayable. No tiene vuelta atrás. No podemos hacer de cuenta de que no existe. Existen garantías de no punibilidad de la Corte Suprema de Justicia y cualquier ley que implique un retroceso respecto de ellas va a tener más destino de deriva judicial que de aplicación plena.

De mi barrio con amor

Se listará aquí una serie de datos referidos a las interrupciones legales del embarazo en el sistema público de la ciudad de Buenos Aires, con la idea de difundir que se hacen, que la medicación se provee gratuitamente, que la demanda es cada vez mayor. Que es una política pública que está viva. Si alguien se siente tentado de señalar el porteñismo, lo aceptamos; en definitiva, es desde donde están escritas estas líneas. La vocación no es ignorar todo cuanto se ha hecho en otros distritos (en Santa Fe se está llevando adelante la producción pública de misoprostol, por ejemplo), sino más bien invitar a que enciendan sus almenaras y el fuego camine con nosotras.

En Buenos Aires la ILE está garantizada en los casos contemplados por el Código Penal, por el fallo FAL y por el protocolo del ex ministerio de Salud, según consta en su página web. Los últimos datos consolidados corresponden al primer semestre de 2018 (Fuente: Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS, Ministerio de Salud, CABA).

-Hay 52 equipos que asesoran, acompañan y dan insumos para hacer abortos no punibles (38 están en centros de salud, 14 en hospitales). En 2014, eran solo 9.

-Solo en el primer semestre de 2018 se hicieron 1787 ILE; el total de 2017 fueron 1893. En 2014 habían sido 91.

-Casi el 80 por ciento de las interrupciones se hicieron en centros de salud, esto es: recibieron el misoprostol gratuitamente e hicieron la práctica en forma ambulatoria y con acompañamiento profesional.

-El 75 por ciento de la demanda se registró en la zona sur de la ciudad.

-El 18 por ciento de las mujeres eran adolescentes (10 a 19 años).

-El 84 por ciento accedieron a la ILE con una edad gestacional menor a las 12 semanas.

-9 de cada diez casos se resolvieron antes de las dos semanas.

-Casi el 70% de las mujeres finalizaron el proceso con un método anticonceptivo.

Ayer hoy era mañana

Sabemos que es un tema lleno de pendientes acuciantes, sobre todo por las inmensas resistencias que configuran la dispar aplicación en cada distrito. Pero, como señalamos, aunque la ley es necesaria, no es por falta de normativa que cada jurisdicción no garantiza el acceso a la salud de las mujeres con derecho a la ILE, sino por ausencia de políticas públicas.

A todas las herramientas que circulan sobre el uso casero del misoprostol, hay que sumar el derecho de las mujeres al asesoramiento y acompañamiento profesional del sistema de salud y la difusión de esos recursos llamados amigables. Mantener cierto secretismo en torno a este patrimonio alimenta la configuración de esa clandestinidad contra la que queremos gritar. Las acciones políticas de la militancia para difundir estos derechos y exigir su cumplimiento serán necesarias cuando se sancione la ley, pero también son necesarias ahora. Esas puertas ya debieran estar abiertas.

"aunque la ley es necesaria, no es por falta de normativa que cada jurisdicción no garantiza el acceso a la salud de las mujeres con derecho a la ILE, sino por ausencia de políticas públicas"

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Las políticas públicas, por último, también son trabajo militante: el Estado son personas cuya misión consiste en instaurar condiciones mejores para una población. Esto dicho con intención de futuro, porque también pueden ser políticas públicas el vaciamiento o el silencio ominoso ante la desprotección de algunos sectores. La moneda de la interrupción voluntaria todavía está en el aire, pero eso no significa que haya que esperar, paralizados, a ver de qué lado cae.


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2 Comentarios

  • Rosa Maria Fernandez says: 31 enero, 2019 at 18:10

    El incremento anual de los abortos les causa alegria?????? No soy provida pero creo que seria mucho mas positivo educar en anticoncepcion para que la cantidad de abortos disminuya en vez de aumentar. Ya se, me diran que son los abortos no clandestinos, no se, pero es primordial instruir aunque sea, no ya educar si no se puede, en ANTICONCEPCION.

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  • María Aurora says: 31 enero, 2019 at 19:59

    Excelente. Claro y esclarecedor. Espero que llegue a las mujeres de todas las clases sociales, pero especialmente a las que no pueden acceder a abortos seguros como se hacen desde siempre aquellas que pueden pagarlos.

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