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Por tercera vez desde que Dilma Rousseff asumiera su segundo mandato como presidenta de la República, una manifestación popular reclamó el fin del gobierno del PT. El punto de mayor adhesión fue nuevamente la Avenida Paulista, en la ciudad de Sao Paulo, tradicional distrito antipetista. Según la consultora Datafolha (propiedad del diario opositor Folha de Sao Paulo), 135 mil brasileros coparon la principal avenida de la ciudad más rica del Brasil.

A pesar de ser ampliamente anunciada, e incluso agitada televisivamente por la oposición, no fue la protesta más populosa (en marzo, Folha había calculado que unas 210 mil personas desfilaron por la misma arteria), ni tampoco la más federal (esta vez la protesta no fue replicada con la misma intensidad en otras ciudades del país). Pero fue, quizás, la que más daño produjo a las bases que dan estabilidad al gobierno de Dilma. Es que la manifestación del domingo pasado ocurre en el momento de mayor fragilidad que un gobierno petista haya tenido que enfrentar. Analicemos las causas que llevaron a esta situación.

Se podría argumentar que el debilitamiento de la figura de Rousseff es la consecuencia de una batalla de dos frentes. En el campo político, los múltiples escándalos de corrupción que estallaron desde que asumió su primer mandato mancharon a funcionarios propios y extraños dentro de la coalición de gobierno. Frente a este escenario, Dilma eligió quemar los manuales de la política y desoír los consejos de su mentor. A cada denuncia respondió con la entrega de las cabezas de los acusados. En un principio, la estrategia dio resultados. Las encuestas mostraban que lejos de dañar a Dilma, estos escándalos fortalecían su imagen. La presidenta vivía su luna de miel con el electorado y la mayoría de los brasileros veían en ella a una férrea defensora de la ética en la función pública. Por aquel entonces, el cómico Gustavo Mendes ganaba popularidad con una imitación de Dilma en la que, en un estado de furia desbordada, llamaba por teléfono a cada uno de los funcionarios envueltos en casos de corrupción para levantarlos en peso. Eran los tiempos en los que la imagen de  “la madre de todos los brasileros”, construida por los asesores de marketing durante la campaña presidencial, había ganado terreno en la opinión pública.

Sin embargo, con el correr del tiempo comenzó a notarse que la estrategia para afrontar estas pequeñas crisis dejaba muchos heridos en el camino, provocando  grietas en las bases de su propia gobernabilidad. Para entender esto es necesario tener en cuenta que el sistema de partidos brasileño es uno de los más atomizados del mundo. Si pretende asegurar su capacidad de gobierno y aproximarse a la mayoría legislativa, el partido gobernante está obligado a construir una gran coalición con otros lemas, y operar, como un delicado mecanismo de relojería, un sistema de alianzas basado en la distribución de cargos.

Como es de esperarse, a medida que Dilma ofrecía en sacrificio público a los sospechados de corrupción, la relación con los partidos de la coalición se resentía. Pero cuando estalló el escándalo de Petrobrás, que envolvió en una denuncia a una cantidad inédita de funcionarios, entre los que se encontraban figuras centrales del PMDB (bloque mayoritario en ambas cámaras y principal aliado del PT), se encendieron las alarmas. El consenso político imperante desde 2003 tambaleó como nunca antes. En primer lugar, porque el PMDB no es un partido más en la coalición de gobierno. Muchos dirigentes peemedebistas temieron correr la misma suerte que los anteriores funcionarios acusados, y comenzaron a moverse rápidamente para asegurar sus posiciones, poniendo en duda su relación con el PT. En segundo lugar, porque al ganar ajustadamente el balotage en octubre del año pasado, Dilma ya no cuenta con el mismo margen de maniobra que en su primer mandato.

El segundo frente es el económico. Dilma Rousseff había prometido en su campaña que no habría ajuste de gastos ni reducción de planes sociales, pero tras ganar la elección designó al frente del Ministerio de Hacienda a Joaquim Levy, un vocero del establishment, defensor acérrimo del equilibrio fiscal, que no dudó en aplicar un recorte de asignaciones sociales. ¿Las marchas que sacudieron a Sao Paulo se manifestaron en contra del ajuste del gasto fiscal? La respuesta, paradójicamente, es “no”. Según una encuesta que Datafolha realizó durante la protesta, la principal demanda de los que marcharon el domingo 16 fue el fin de la corrupción. Según el sondeo, el 68% de los manifestantes gana más de cinco salarios mínimos al mes (aproximadamente, u$s 1.400) y no se beneficia con los planes sociales. El perfil promedio construido por la encuesta de Datafolha es el de un manifestante blanco, con ingresos elevados, educación universitaria, que votó a Aécio Neves (PSDB) en el último balotage. Es posible que algunos jóvenes de clase media hayan sido perjudicados por el recorte de becas universitarias, pero en general, quienes están hoy pidiendo el impeachment no son los más perjudicados por los recortes, sino quienes apoyaban al candidato de centroderecha, promotor de una mayor “responsabilidad” en los gastos del estado.

A pesar de esta paradoja, los sondeos de opinión muestran que los sectores más humildes, principal base electoral del PT en los últimos años, han comenzado a sentirse insatisfechos con el gobierno de Dilma. La imagen positiva de la presidenta, que supo llegar al 75%, cayó estrepitosamente a un dígito. Esto pone de manifiesto que el viraje económico no sólo no consiguió seducir a los votantes del PSDB, principal partido opositor, sino que no satisface a la propia base electoral del PT. Para colmo, la economía brasilera pasa su peor momento desde que el Patido de los Trabajadores llegó al poder. El PIB se encuentra estancado y se prevee un peor escenario para el 2016. La inflación es elevada y el desempleo aumenta constantemente. La reciente devaluación del real afectó fuertemente a los sectores populares, principales víctimas de los recortes en los gastos sociales.

Ante este escenario, el gobierno debió hacer frente a un alto riesgo de conflicto en las dos cámaras del Congreso. El diputado Eduardo Cunha (PMDB), quien está siendo investigado por la justicia por el caso Petrobrás, trajo mucha preocupación al Palacio del Planalto luego de que Rousseff decidiera reemplazarlo en la presidencia de la Cámara. Cunha respondió llamando a los diputados de su partido a romper con el PT. Así, el poder ejecutivo perdió el control de la cámara baja.

Cuando en el PT se temía que la estampida se replique en el Senado, su presidente, Renan Calheiros, también peemedebista, aprovechó la oportunidad y, negoció la paz en esa cámara. La intervención del dirigente trajo un poco más de aire al gobierno. Pero Renan supo vender caros los paños fríos, e impuso a Dilma una agenda de medidas económicas ortodoxas que deja a la presidenta con aún menor margen de maniobras.

Así, llegamos a la pregunta del millón: ¿hay posibilidades de que Dilma Rousseff sea destituida?

No existe hoy un argumento legal serio para pedir el juicio político. Pero más importante aún, ni el PMDB, ni el empresariado brasilero juegan a la ruleta (no por nada la bandera nacional reza “orden y progreso”). Unos y otros poseen un instinto de supervivencia elevado, y saben que en un país tan grande, heterogéneo, y con un sistema político tan fragmentado, construir una alternativa estable es muy difícil. Todo parece indicar que, con excepción de los dirigentes del PSDB, y a contramano de los que marcharon el domingo, nadie habla hoy seriamente de impeachment. El multimedios O Globo, principal vocero del establishment nacional, ya bajó el pie del acelerador y desde sus canales ya no promueve las manifestaciones. La editorial que el New York Times publicó el pasado lunes parece ir en el mismo sentido. Algunos analistas sugieren que la batalla ya está ganada por los sectores dominantes, quienes preferirían un gobierno de izquierda debilitado, más maleable a su voluntad, que se haga cargo del ajuste y pague las consecuencias sociales. Tal vez hayan aprendido del caso griego.

Mientras termino de escribir esta nota, el diputado Eduardo Cunha es acusado penalmente por el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, por los cargos de corrupción y lavado de dinero, al mismo tiempo que la Avenida Paulista es escenario de una contra-marcha a favor del gobierno de Dilma. Según O Globo, que muestra una cobertura amplia de la manifestación, son más de 50 mil personas en Sao Paulo. La iniciativa es replicada en otras veinticinco ciudades.

Hasta ahora, Dilma tuvo la suerte de que no exista un consenso político listo para reemplazarla. Su futuro depende de que eso siga así.