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Paraguay inició su gestión de la pandemia de una forma muy auspiciosa. Sus medidas iniciales fueron acertadas a la hora de prevenir la inicial y veloz expansión del virus COVID-19, que azotó muy rápidamente la región en el primer semestre de 2020.

Un evento epidemiológico invadió la política obligando el rápido aprendizaje de sanitarismo y prevención, poniendo en puja la economía, la salud, la libertad y las restricciones. En esto, Paraguay enfrentó los mismos nudos problemáticos que el resto del subcontinente.

El primer foco de contagios provino de otros países, centralmente de Brasil, el vecino mercosureño que tomó “otro camino de gestión” y que hasta la actualidad sigue siendo uno de los que ha cosechado peores resultados.

Sus medidas tempranas y adelantadas le permitieron evitar inicialmente el colapso de un sistema de salud desfinanciado, con bajo presupuesto, con baja infraestructura, con pocos insumos y con una planta de recursos humanos insuficiente, que no alcanza para cubrir las necesidades sanitarias (incluso antes de la aparición del novísimo virus). Además, el país venía golpeado por una de las epidemias de dengue más graves de su historia, lo que le dejaba un escenario más precario aún.

El “gasto de bolsillo” de cada paciente que se atiende en algunos de los hospitales o centros de salud públicos es uno de los más altos de la región, porque recae sobre la persona enferma o su familia el costo de prácticamente todos los insumos necesarios (desde los elementos de higiene, la blanquería, los algodones, las gasas, los guantes, las sondas, las jeringas y todas y cada una de las drogas, medicamentos o elementos que vayan urgiendo). La familia debe enfrentar este gasto de forma individual frente a un proveedor privado (farmacias o droguerías) que no adoptan precios máximos ni tienen límite a sus ganancias.

El sistema de salud, además de segmentado, injusto, desarticulado y empobrecido, también se encuentra atravesado por prácticas de corrupción generalizada (a nivel macropolítico y de microgestión).

Esto es una descripción de largo plazo, no es novedosa ni responde a los problemas de la pandemia. Lo que sí fue novedoso durante la gestión del COVID es que el Estado paraguayo adquirió una deuda externa altísima (en comparación con su propia proporción de deuda según PBI) que se suponía sería utilizada para robustecer el sistema de salud, garantizar las drogas necesarias, mejorar la infraestructura e incluso licitar insumos internacionales de manera veloz, rápida y eficiente. Nada de esto sucedió. Tampoco se iniciaron las gestiones para procurarse las vacunas (dentro de un mundo en competencia desleal por hacerse de las mismas), de las que Paraguay ha recibido sólo 24.000 (20.000 de las cuales fueron donadas por el Estado chileno, combinando la política exterior de Chile con la del gobierno de Paraguay, que ha llevado adelante una especie de campaña de “mendicidad” de vacunas a los países de la región, ante la imposibilidad de generar compras).

El aislamiento progresivo y las restricciones de movilidad (“la cuarentena”, organizada en fases) generaron, al igual que en el resto del mundo, una debacle económica agravada en el caso paraguayo por la baja incidencia del trabajo formal, la relevancia de la economía informal, y las escasas herramientas del Estado para intervenir y gestar políticas públicas para los sectores más vulnerables.

Las medidas tomadas en este aspecto no fueron suficientes y fueron las redes socio-comunitarias, las mujeres de los barrios, las ollas populares y las organizaciones territoriales las que evitaron que el hambre y la pobreza terminen de destruir el tejido social, caracterizado por una abrupta desigualdad y una estructura impositiva fuertemente regresiva.

Cuando la circulación ya fue comunitaria y se comenzó a sospechar que la cepa brasileña ya estaba en el país, la situación fue insostenible.

El aumento progresivo de los casos en Paraguay comenzó en agosto de 2020 y estalló en marzo de 2021, cuando el Ministerio de Salud tuvo que declarar que las unidades de terapia intensiva estaban saturadas y el sistema hospitalario había superado el 99% de ocupación.

Con esto, otro escándalo salió a la luz: el problema del “costo de bolsillo” de los tratamientos de las personas internadas con COVID recaía nuevamente en las familias, a pesar del multimillonario endeudamiento y de todas las concesiones que el Congreso había hecho al Ejecutivo para poder gestionar mejor la pandemia, más rápidamente y con mayor capacidad de respuesta.

Se hicieron públicas y mediáticas las denuncias de las familias que tenían que afrontar gastos de millones de guaraníes para que sus seres queridos recibiesen la atención necesaria. Incluso relataron que existen farmacias en las zonas hospitalarias que venden a precios exorbitantes medicamentos con sellos de gratuidad (por ser del Ministerio de Salud o de IPS, la mayor prestadora de salud para lxs trabajadorxs formales).

Esto desencadenó una ola de manifestaciones que se han mantenido durante varios días y que se encuentra en un momento de ebullición. Por una parte, un sector reclama #ANRNuncaMás, es decir, la caída de la hegemonía de la ANR (Asociación Nacional Republicana), más conocida como Partido Colorado, que ha gobernado a Paraguay entre 1948 y la actualidad, con la excepción del período 2008-2013. Por otra parte, un sector pide el #QueSeVayanTodos y prometen no parar hasta que caiga también el presidente Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez. Se combinan autoconvocadxs e independientes, seguidores de otros partidos de la oposición o minoritarios, grupos sociales cuyo aglutinante es rechazar la ausencia del Estado, la falta de previsión social, la desigualdad estructural y la falta de transparencia en el contexto pandémico. Además (y no menor) existe una fuerte iniciativa por parte de un sector del Partido Colorado, opositor interno, que obedece al expresidente Horacio Cartes, quien ha puesto su bancada fiel y sus medios a disposición del llamado y la convocatoria a las protestas, desgastando aún más la figura del presidente Abdo, que boya entre malas decisiones y lentitud en las respuestas.

La saturación del sistema de salud y el ahorcamiento económico destapan las protestas, pero no son sus únicas causas. Como vimos, sólo se entienden en el contexto de una caracterización de más largo plazo.

Tras la primera jornada de manifestaciones, el presidente decidió enfrentar a la sociedad mediante un mensaje grabado, en el que anunciaba que haría cambios.

Paraguay llega a marzo de 2021: 1) con un escenario calamitoso que develó nuevamente vicios de gestión política muchos más viejos que el COVID y su pandemia, pero agravados por este contexto; 2) con una población agotada por meses de cuarentena que le dinamitó la endeble economía y que no significó la mejora del sistema de salud ni la transparencia en las cuentas; 3) con un gobierno que perdió su espalda política y que no logra apaciguar las protestas a pesar de los cambios en algunas de sus carteras ministeriales (Salud, Educación, Mujer) ni enfilar las facciones de su mismo partido; 4) con un partido de gobierno dividido y una de las facciones opuestas al presidente actual articulando directamente para agitar las protestas; 5) con una oposición que no logra saltar la valla y encabezar las movilizaciones populares; y 6) con errores del pasado que vuelven en forma de fanstasmas actuales.

Las facciones del Partido Colorado, como en la década del noventa, marcan el ritmo de la política general y nacional, determinando hacia dónde y cómo se inclina el destino del país. Entre ellas acuerdan los nuevos nombramientos, dejando entrever que quizás ya exista un nuevo abrazo republicano que salve a Abdo Benítez del juicio político que la oposición ya propuso, pero que lo hunda dejando a su facción subordinada y en total desventaja frente a la de Cartes.

Parece ser que lo mejor que le puede pasar a Abdo es al mismo tiempo lo peor que puede pasarle.