13 / 05 | Ciudades, Política

BUITRES AL ACECHO

El capital financiero global no tiene fronteras pero para “invertir” en un “mercado emergente” exige legislación local que le permita una renta extraordinaria y rápida. La alerta de organismos internacionales sobre el accionar de los fondos buitre enciende una alarma en nuestro país, que ya construyó una plataforma legal para esas posibles operaciones.

La ONU denuncia

Recientemente dos expertos de Naciones Unidas se dirigieron a las autoridades de varios países para ponerlos en alerta sobre el accionar de la multinacional estadounidense Blackstone, uno de los mayores fondos buitre del mundo, expresando su preocupación por la creciente especulación en el sector inmobiliario “que está echando a inquilinos de sus casas”.

Leilani Farha, relatora especial sobre el derecho a la vivienda adecuada, y Sutya Deva, presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, condenan el “indignante” negocio que esta y otras multinacionales están desarrollando: comprar casas a precios bajos y renovarlas para subir los alquileres o venderlas a valor de mercado. Esas viviendas, que están en manos de los Bancos a partir del estallido de las burbujas inmobiliarias y su consecuente crisis de las hipotecas, están desalojando miles de familias y pasando a ser los titulares de los inmuebles.


“De la noche a la mañana firmas de capital privado como Blackstone se han convertido en los mayores propietarios del mundo comprando millares de viviendas en Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. Estos dueños son ahora corporaciones sin rostro que causan estragos”, afirma el comunicado.

La compra de viviendas por parte de grandes corporaciones se ha traducido en subas de entre el 30% y el 50% en los alquileres, imposibilitando a muchas familias inquilinas la permanencia en ellas, señalan estos especialistas.

"Esas viviendas, que están en manos de los Bancos a partir del estallido de las burbujas inmobiliarias y su consecuente crisis de las hipotecas, están desalojando miles de familias y pasando a ser los titulares de los inmuebles"

Compartir:

Asimismo, pusieron en tela de juicio el accionar de los gobiernos de la República Checa, Dinamarca, Irlanda, España, Suecia y EEUU, objetados por haber facilitado este proceso de irrupción de las multinacionales en el sector inmobiliario. “Recordamos a los Estados sus obligaciones con los derechos humanos a la hora de regular la inversión en vivienda para apoyar el derecho a una vivienda digna”.

Blackstone salió a defenderse sosteniendo que Leilani Farha “retrata un tema de política económica (el acceso a la vivienda) y lo convierte en un problema de derechos humanos” en el que “utiliza” su nombre “únicamente para atraer la atención”. Claramente para esta y otras empresas, la vivienda no es un derecho sino un negocio.

Ya en enero de 2017 la relatora había presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se centraba en la “financiarización de la vivienda” y sus repercusiones en los derechos humanos, donde se examinaban los cambios estructurales que se han producido en los últimos años y que han dado lugar a que una enorme cantidad de capital mundial se haya invertido en la vivienda considerándola como una mercancía, como garantía de los instrumentos financieros que se comercializan en los mercados mundiales y como medio de acumulación de riqueza.

La voracidad de los Fondos

Pero ¿qué es Blackstone? Es uno de los fondos de “inversión” más grandes del mundo, que maneja un monto mayor a los US$ 380.000 millones en industrias como capitales de inversión, hedgefund y crédito, entre otras, pero que se ha caracterizado en ser el mayor fondo inmobiliario del mundo. La cifra de sus propiedades alcanzó los 184.300 millones de euros, según un estudio de Inrev, la asociación europea que engloba a los grandes fondos no cotizados. Con un crecimiento interanual cercano al 30%, Blackstone encabeza la lista de los 5 grandes jugadores con inmuebles por más de 100.000 millones de dólares cada uno. De los 2,7 billones de propiedades, el 83,3% está en manos de gestoras no cotizadas (prívate equity), según un informe llamado Fund Manager Survey.

"Ya en enero de 2017 la relatora había presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se centraba en la “financiarización de la vivienda” y sus repercusiones en los derechos humanos"

Compartir:

En España es tal el impacto del accionar de estos fondos especuladores, que diversos sectores sociales y políticos crearon la Plataforma contra los Fondos Buitre, donde el impacto en la vivienda es solo una de sus aristas. Pero allí el sector inmobiliario es sin duda el preferido por los buitres, en un país donde entre 1997 y 2007 se permitió construir al año “más viviendas que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos”. Entre sus objetivos hay hoteles, oficinas, activos logísticos, hipotecas y viviendas. Aunque sus CEOs sostienen que de no haber sido por el ingreso de estos fondos, España no habría salido de la crisis, y que se quedaron con “activos a bajo precio” porque eran los únicos dispuestos a invertir su dinero en un país con semejante crisis. Los efectos sobre la economía y la vivienda de los sectores medios – medios bajos han sido arrasadores.

Los fondos desembarcaron en el peor momento de la crisis, en un país donde abundaba la oferta de bancos que deseaban sacarse de encima todo su stock en ladrillo. Potenciados por regulaciones a medida del Banco Central Europeo (luego de que la Unión Europea diera el visto bueno en 2015 a la nueva normativa que regula los fondos de inversión a largo plazo, que hasta ese momento no podían comprar activos inmobiliarios ni compañías cotizadas) y del Banco de España, se apuraron a deshacerse de viviendas y oficinas que quemaban en sus balances y así bajar el riesgo inmobiliario de la banca española. Allí Blackstone se convirtió en la mayor inmobiliaria privada, después de quedarse con los activos inmobiliarios del Banco Popular por más de 5.000 millones de euros, cuando el Banco Santander le vendió el 51% de los créditos e inmuebles de “el Popular”, banco que había adquirido por un euro días antes de realizar esta venta, después de conseguir el aval de la Comisión Europea, que concluyó que la operación no suponía un problema de competencia en el Espacio Económico Europeo. Se trata de la mayor operación inmobiliaria privada realizada en la historia de España, que post burbuja fueron habilitadas por bancos nacionales e internacionales y sectores políticos estratégicamente ubicados en las Administraciones Públicas. El resultado son cientos de miles de familias desalojadas con deudas de por vida, mientras inversores extranjeros compraron edificios enteros desde sus oficinas en EE.UU o Canadá sin siquiera conocerlos.

"Con un crecimiento interanual cercano al 30%, Blackstone encabeza la lista de los 5 grandes jugadores con inmuebles por más de 100.000 millones de dólares cada uno"

Compartir:

Pero el caso más resonante es el de las 1.860 viviendas de alquiler social que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) le vendió a Blackstone. La alcaldía de Madrid, bajo la administración de Ana Botella, esposa de José María Aznar, autorizó la venta por 127.5 millones de euros, un promedio de 69.000 euros por vivienda. Automáticamente subieron los precios de los alquileres y comenzaron diversas condiciones abusivas, arbitrariedades y desalojos indiscriminados. El conflicto continúa y a pesar que dos años después el Tribunal Supremo de Madrid sacó un fallo protegiendo los derechos de los inquilinos de esas viviendas sociales y que posteriormente la misma empresa EMVS, pero bajo la administración de Manuela Carmena, propuso declarar nula la venta, hoy Blackstone se dispone a enajenar un bloque de estas viviendas. El fondo pretende deshacerse de los inmuebles que le compró al ayuntamiento, casi todos destinados en origen a alquiler para jóvenes. Estas viviendas han perdido en estos años su protección pública y al pasar al mercado han aumentado su valor.

Algo similar sucede en Irlanda, otro país europeo afectado por el estallido de una brutal burbuja inmobiliaria, donde grandes fondos, casi siempre estadounidenses, se quedaron con el control del mercado de la vivienda.

Bélgica también se vio afectada por esta misma especulación. En 2015 fue el primer país en aprobar una normativa contra los fondos especializados en comprar a precios de remate activos de países en crisis. La ley limita los derechos de cobro del comprador de deuda pública cuando este persiguiera “una ventaja ilegítima” o una “desproporción manifiesta” entre el precio pagado por el inversor y el valor de la deuda. Pero ahora la Corte Constitucional belga analiza una demanda contra la norma presentada NML Capital, propiedad de Paul Singer, el mismo que enjuició a la Argentina, que considera inconstitucional la norma. Otro fondo (Elliott) perteneciente al mismo Paul Singer operó fuerte sobre el mercado español, comprando a precio irrisorio departamentos y créditos fallidos a tres bancos obteniendo un 95% de descuento, y como con Blackstone, la presión y maltratos vía telefónica, presencial y judicial para con las familias se potenció. Los litigios de los fondos buitre han aumentado de forma significativa, haciendo más difícil la resolución de las crisis financieras de muchos países.

"Con la llegada de Cambiemos a la administración nacional y su vocación por “abrirse al mundo”, comienzan a conocerse los vínculos entre diversos funcionarios y representantes de Blackstone"

Compartir:

Pero Blackstone también opera fuerte en América. En 2018 Blackstone Group consiguió 695 millones dólares de fondos de pensiones mexicanos. Su llegada a la segunda economía más grande de América Latina ocurre después de un cambio regulatorio en enero de 2018 que permitió a los fondos de capital privado extranjeros aprovechar los activos de las Administradoras de Fondos para el Retiro.

Blackstone y la Argentina

Este fondo ha tenido desde su creación diversas “inversiones” en nuestro país, directa o indirectamente. Ya en junio de 2000, BlackstoneGroup adquirió el 12,5% en CTI Holdings S.A., proveedor de servicios inalámbricos móviles en Argentina. Desde allí empresas de su propiedad, adquiridas en el extranjero o en el país, comienzan a crecer en diversos rubros, como por ejemplo hoteles Hilton –con 3 en la Argentina- que el fondo manejó durante 11 años y vendió después de duplicar su valor. O con UlterraDrilling Technologies, el mayor proveedor independiente de brocas de perforación de diamante policristalino para la industria del petróleo y el gas, con fuerte desarrollo en nuestro país.

El mundo del juego también deja buenos dividendos. En septiembre de 2014 compró la mayoría de los bonos de la deuda que mantenía la empresa Codere, mientras que en la actualidad quedó como el mejor posicionado para quedarse con Cirsa, ambas españolas. Si se concreta esta compra Blackstone podrá avanzar en una fusión entre ambas, lo que significaría que en Argentina administrarían el Casino Flotante, el de Rosario y los 14 bingos que Codere operaba en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el jugador más importante de ese segmento a nivel local.

Con la llegada de Cambiemos a la administración nacional y su vocación por “abrirse al mundo”, comienzan a conocerse los vínculos entre diversos funcionarios y representantes de Blackstone. Los principales administradores de la gestión estatal en esta gestión provienen del mundo empresarial, e incluso ya han tenido proyectos juntos. Por ejemplo Mario Quintana, ex vice jefe de Gabinete, quién reconoció en una entrevista con Perfil haber realizado “negocios inmobiliarios” junto a Blackstone, cuando estaba al frente de Pegasus, firma local, también dedicada al real estate.

Pero esos vínculos tuvieron un estado público cuando hace unos meses se conoció que el director ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud, Pedro “Piter” Robledo, se va a hacer un máster en la Universidad china de Tsinghua, a través de una beca del posgrado en “Global Affairs”, financiado por el programa Schwarzman Scholars, CEO de Blackstone. El joven funcionario fue “elegido” entre más de 2.800 candidatos. Para ello contó con una carta de recomendación del propio Macri, acción que fue observada por el posible delito de tráfico de influencias, violatoria de la ley de Ética Pública.

"el director ejecutivo del Instituto Nacional de Juventud, Pedro “Piter” Robledo, se va a hacer un máster en la Universidad china de Tsinghua, a través de una beca del posgrado en “Global Affairs”, financiado por el programa Schwarzman Scholars, CEO de Blackstone"

Compartir:

En noviembre de 2017 Mauricio Macri se entrevistó con el CEO de Blackstone, Stephen Schwarzman, durante su gira por New York. El empresario le anunció su vocación de incursionar en las áreas de energía y de infraestructura vial y virtual. Un mes después Blackstone, junto a Riverwood, firma estadounidense con inversiones en tecnología, compraron a Sociedad Comercial del Plata la totalidad de la empresa de servicios de telecomunicaciones Metrotel por un monto de US$ 190 millones. Y en ese mismo momento, mientras YPF aprobaba la venta del 25% de su unidad de energía eléctrica a General Electric, se mencionaba que la petrolera estatal trabajaba para que Blackstone se quedara con otro 25%.

Complaciendo al capital

En esas rondas, donde el Presidente Macri buscaba fondos para la tan mentada “lluvia de inversiones” recibió el pedido de abrir -más aún- el mercado local, entre ellos el inmobiliario. Los fondos pedían las mismas garantías que en los casos europeos: liberalizar todos los mercados para poder comprar barato y vender caro, y el presidente hizo los deberes. Cambiemos, con el apoyo de los socios de ocasión, logró aprobar la ley de “Financiamiento productivo”, que no es más que una modificación a la ley de Mercado de Capitales. La misma permite abrir aún más el vapuleado mercado nacional para la inversión extranjera. También crea una serie de instrumentos para facilitarle a las PyMEs el acceso al crédito y suprime la facultad que le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas. Pero llama la atención el especial interés que puso el gobierno en habilitar la venta de los créditos hipotecarios. Más aún en un contexto donde los créditos UVA, publicitados como la gran solución al problema del acceso a la vivienda, mostraron ser un fracaso.

Para ello y con el falso fin de dar impulso al crédito hipotecario, crearon las Letras hipotecarias y la póliza de seguros, ambas ajustables por el Coeficiente de estabilización de referencia –CER-, que supuestamente fomentan el acceso a la vivienda, ya que las Letras Hipotecarias ajustables permitirían a los bancos obtener más fondos para retroalimentar créditos hipotecarios. Si bien esta figura existe hace más de 20 años, hasta ahora no podía ser ajustada por CER. Esta nueva normativa lo permite, posibilitando la “securitización” -proceso mediante el cual un bien o conjunto de ellos se transforman en un título o valor transferible y negociable en un mercado-. ¿Qué activos son securitizables según esta ley? Las Letras hipotecarias y mutuos hipotecarios y los contratos de arrendamiento con promesa de compraventa y sus respectivas viviendas.

Sostiene el Gobierno que para mantener ese ritmo de crecimiento en créditos hipotecarios es necesario contar con una “mayor liquidez” en los bancos que hoy no existe. Para ello habilitan la venta de los créditos nominados en UVA, para que un banco que tiene una cartera ya otorgada de hipotecarios los coloque a través del sistema financiero en inversores que pagarán el valor de esos créditos pendientes de cobrar, con un descuento. Así, el banco emisor de los préstamos vuelve a hacerse de fondos y puede volver a dar un nuevo crédito y, como en el caso español, los fondos especulativos se podrían quedar con las hipotecas y en caso de ejecutarlas, con la titularidad propiedades, convirtiendo el sueño de la casa propia en un commoditie.

"llama la atención el especial interés que puso el gobierno en habilitar la venta de los créditos hipotecarios"

Compartir:

La ley también habilitó que las compañías de seguro puedan emitir pólizas ajustables por CER para cubrir el incumplimiento del pago de la hipoteca, lo cual le permitiría también aumentar los recursos para créditos hipotecarios. Esta herramienta sería optativa para los tomadores de créditos, pero en este contexto de inflación desmedida y el consecuente aumento en las cuotas de los créditos sería un gasto más a soportar por las familias.

El problema es que los inversores son más exigentes que los tomadores de crédito. Así como los deudores, sin otra alternativa para la casa propia, adoptaron masivamente las hipotecas indexadas por inflación, los acreedores exigen para comprar esos créditos en forma de títulos algún nivel de cobertura ante el riesgo de una crisis sistémica, y allí aparecen los seguros actualizables por el CER. Esta opción, generada para garantía de los fondos, es la que hoy sale a promocionar el gobierno como un resguardo para las familias.

En conclusión, las hipotecas que se generaron por la compra de miles de familias a través de créditos se convierten en un instrumento financiero que podrá intercambiarse en el mercado y que los bancos podrán poner a disposición de inversores privados, o sea estos fondos buitres. El uso habilitado por la nueva ley, las letras hipotecarias, es similar al instrumento que decantó en la crisis de las hipotecas en EEUU el año 2008.

Aunque por diversos motivos (la crisis económica, la devaluación del dólar, la ausencia de reglas financieras de largo plazo, la “inestabilidad política”, entre otros) especialistas locales sostienen que la venta masiva de letras hipotecarias es impracticable hoy, han desarrollado un andamiaje legal que con la modificación de algunas de esas trabas sería posible en un mediano plazo.

Esta es la tan mentada “integración al mundo” de Cambiemos: una serie de medidas tendientes a abrir la economía para el ingreso irrestricto de capitales especulativos. “Cuando hay sangre en las calles, compren propiedades”, habría dicho el Barón de Rothschild, cuando aprovechó la batalla de Waterloo para quedarse con acciones de grandes compañías inglesas a precios ridículos. Hoy su descendiente, Nathaniel Charles Jacob Rothschild-4th Baron Rothschild-, integra Blackstone.


You Might Also Like

Comentarios

Dejanos tu comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.