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No es posible tener siempre una lectura por encima de los hechos. Pero es posible a veces tener una lectura por encima de los hechos.

Ahora sí, los hechos. El 23 y 24 de noviembre pasado, el gobierno nacional rectificó su rechazó al debate de la ley de Emergencia Social que promovían la Confederación de Trabajadores de la Economía Social, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barros de Pie y propuso la firma de un acta donde constan algunas concesiones que hasta hace poco anunciaba que no votaría y que eventualmente vetaría. La foto en el Parlamento no es insustancial: Nicolás Massot, Alfonso Prat Gay y Rogelio Frigerio en representación del gobierno de Cambiemos junto a un amplio espectro de la oposición reconociendo la emergencia social que sus propias políticas generaron. Este breve proceso (propuesta de ley, marcha, negociación, amenaza de veto y acuerdo) generó el debate más intenso al interior del kirchnerismo desde diciembre de 2015 al correrse de la evaluación de cuán ganada fue la década y mirar para adelante. ¿Por qué? El intento de este texto es ubicar la discusión de fondo que propone sin alentar ninguna escalada dramática en esa discusión necesaria quizás porque, paradójicamente, no es dramático tenerla. ¿Quién puede salir ganando, quién puede salir perdiendo? No nos importa tanto, porque no creemos que se trate exactamente de eso. Veamos.

El gobierno es el otro

El gobierno que encabeza Mauricio Macri no es “un gobierno en disputa” como varias organizaciones sociales y políticas pensaron de los gobiernos kirchneristas o como podrían muchas de ellas haber pensado de los potenciales gobiernos de Daniel Scioli o Sergio Massa. No hay “compañeros” en este gobierno. Es un gobierno no peronista. Decir algo tan lógico subraya como síntoma el momento actual de la discusión: pareciera ser necesario aclarar lo obvio.

Se trata de un gobierno que ha impulsado una brutal transferencia de ingresos a los deciles más acomodados de la estructura social debido a la devaluación de la moneda, su incapacidad de controlar el proceso inflacionario aún en un marco recesivo y la serie de políticas para favorecer a los sectores concentrados de la economía como multinacionales de todo tipo (desde agropecuarias, de servicios y mineras) y de sectores exportadores en detrimento de las PyMES.

En términos de política social, el gobierno se ha mostrado poco innovador: mantiene las políticas diseñadas durante el kirchnerismo, principalmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa con Ingreso Social con Trabajo, conocido como Argentina Trabaja, y de su derivado “Ellas Hacen”. Esa continuidad no fue acompañada por un incremento de la asistencia necesaria para campear la crisis provocada por la política arriba mencionada. Ese es el reclamo que la CTEP, la CCC y Barrios de Pie llevaban adelante y que se cristalizaba en el proyecto de Emergencia Social al pedir el salario social complementario y la equiparación económica de los programas sociales.

Siguiendo este argumento nos preguntamos: ¿la negociación de las organizaciones con el gobierno y la firma del acta constituyen una concesión o el reconocimiento del daño que las políticas del gobierno infringieron y que debe sortear aún a costa de un incremento del ya alto déficit fiscal? Nuestra respuesta sería la siguiente: más allá o más acá de los actores políticos, el reconocimiento de la emergencia social supone el reconocimiento del daño provocado por la política económica llevada adelante por Cambiemos desde el 10 de diciembre de 2015. Es la confesión de su fracaso. Leerlo al revés supone hacerlo desde la lógica de las internas invirtiendo las prioridades. Nadie en su sano juicio desconoce que lo que el gobierno admite en “estado de emergencia” es su culpa.

El trabajo sobre las contradicciones

La discusión sobre la “concesión” que harían las organizaciones frente al gobierno encierra un mensaje difícil de traducir. ¿Qué tendrían que hacer: quebrar todo puente, agudizar los conflictos, “pudrirla”? A decir verdad, esta “emergencia” no crea nuevos instrumentos de gobernabilidad social sino que se monta sobre capacidades ya instaladas y saberes ya desarrollados. En ese ínterin se fortalecen o institucionalizan las políticas públicas que son parte de la gobernabilidad heredada. Dicho rápido: en la Argentina no hay gobernabilidad sin AUH. No la hay hoy, con mayor razón y límite. No la hubo ayer, los años pasados. Tampoco pueden ser hoy estas políticas, en este contexto recesivo, la sola garantía de gobernabilidad. Pero esto que podríamos denominar nuevo “vandorismo social” es la respuesta de subsistencia de los representantes de los pobres que no pueden esquivar la que les toca. La clase que no se puede ir del país, la que tiene que permanecer aquí. Tampoco se trata de la disputa por un nuevo discurso “hegemónico” en el peronismo, de tomar esta parte por el todo. La discusión con el gobierno no se recorta a una discusión sobre “los pobres”. Es una discusión sobre la soberanía, la región, el desarrollo, la desigualdad, la dignidad laboral, el sistema impositivo, el endeudamiento, el mundo.

Yendo al quid de la cuestión: el argumento atendible de que esta “economía popular” acepta existir como colectora pobre de una economía capitalista excluyente opera sobre la idea de que va a existir una economía capitalista formal y regulada más o menos por el Estado en la que van a ser incluidos todos los trabajadores argentinos. Es decir, que ese porcentaje de la población entre el 25% y 30% va a obtener un trabajo formal con la integración social correspondiente. Ahora bien, esto no fue posible ni en los años kirchneristas de crecimiento a tasas chinas. Se trata de una fantasía peronista clásica, cegetista, pero también del elenco gubernamental que despotrica contra las políticas sociales para hacerse eco del discurso “contra los planes”. Y sin embargo: ¿se puede renunciar al enunciado de ese ideal de “progreso social”? No. Y a la vez, ¿cómo ubicar este nuevo discurso socialcristiano, pobrista, mítico, anti consumista, por momentos aguerrido y por otros con olor a incienso conciliador? ¿De dónde salió? ¿Dónde lo ponemos ahora que hasta la CGT comienza a incluirlo en su horizonte de representación? ¿Es la solidificación de la pobreza, la formalización de algo informal? ¿Y qué hacemos en el mientras tanto con ese porcentaje significativo de la población que en el corto plazo no tiene ninguna chance de ser un trabajador formal? Asimismo, la idea de que un gobierno neoliberal para pocos usa a la “economía popular” como compensación para los pobres omite que su emergencia se produjo durante el modelo de crecimiento y consumo.

Toda emergencia social es económica, toda emergencia económica es política. Lo sabemos. Ninguno de los promotores de esta ley pudo haber dicho lo contrario, pero en la anuencia a la negociación parece adherirse en el que negocia la voz del gobierno, el modo en que decodifica el acuerdo. Quizás también hay un abuso en el uso de cierta jerga socialcristiana, llena de las palabras sensibles del consumo popular como si fuera “bíblico”: el vino, la leche, el pan dulce, el asadito de los pobres ofrecen una versión estereotipada de lo popular que parece subrayar que “el pueblo pide poco”, que pide prender el fueguito, el carbón, la tira, la sidra… Como si fuera la voz del débil que pide no ser matado. Pobreza y cristiandad, lo “humilde” siempre más cerca de lo “divino”. Esa es “una” versión del evangelio. Hay otras. Pero lo cierto es que de esta combustión nació en 2011 la CTEP, alentada desde ese entonces por Bergoglio. (¿Y acaso después el papa Francisco no fue la gran figura “en disputa” en el segundo gobierno de Cristina?)

El acuerdo recibió dos tipos de críticas. Por un lado, aquella que sostiene que se trata de un mero paliativo que no cuestiona ni resuelve la cuestión de fondo y además que no es conveniente que lo social se mezcle con lo político. Antes que distraerse con cuestiones reivindicativas, hay que declarar “la emergencia política” para ganar las elecciones. Desde esta lógica instrumental, la protesta es utilizada para desgaste del actual gobierno que debe dejar lugar en 2017 a la verdadera batalla que es la política. Por supuesto, que aquellos que protestan pueden tomar el merecido descanso para volver a la calle cuando los políticos lo requieran. Esa afirmación tensa la cuerda entre dos posiciones: entre los que defienden el “mientras tanto” de una población que sufre en el aquí y ahora y los que defienden una suerte de “cuanto peor, mejor” encubierto, que supone agudizar el sacrificio humano del aquí y ahora. Pero, ¿qué representaron acaso antes de 2003 las organizaciones sociales si no fue la “reducción de daño social” de las políticas de Menem y De la Rúa? La historia de la organización popular desde 1983 es una historia que combina calle y palacio, cortes de ruta y firma de acuerdos. De hecho, las organizaciones que el kirchnerismo más rápido contuvo a partir de 2003 fueron las menos radicalizadas ideológicamente (FTV, MTD Evita, Barrios de Pie) que operaban sobre la reconstrucción del tejido social combinando la gerencia de recursos estatales. Quizás, de fondo, podemos concebir que hay una correlación: cuanta más representación territorial (gobernaciones, intendencias, sindicatos, etc.) mayor negociación, cuanta menos representación territorial mayor radicalidad.

Por otro lado, una segunda crítica ha sostenido que se ha negociado “a la baja”, que no es suficiente en virtud del proyecto original y a cambio se negoció gobernabilidad garantizando “paz social” al evitar propiciar situaciones de conflicto. La crítica no tiene que ver con un cálculo de cuánto se podría haber logrado, más bien cuestiona el haber dejado de lado las reivindicaciones originales y la posibilidad de seguir en la lucha por ellas. En definitiva: ¿“lo político” le pide a “lo social” que sea político o “lo político” le pide a “lo social” que no haga política? ¿Sólo la Iglesia tendría derecho a hablar con Carolina Stanley? Y esto que llamamos, y que puede sonar peyorativo, “nuevo vandorismo social” es una de las formas que adquirió aquel “empoderamiento” anunciado. No tendría por qué ser el único. No es el único.

Cerremos

El gobierno se declara en emergencia en menos de un año de agravar la vida de los más pobres y de las capas medias. El discurso minimalista que se podría calificar como “miserabilista” o demasiado “pacificador” de muchos referentes no puede ocultar que hizo retroceder a un gobierno que llegó prometiendo “Pobreza 0” y a los once meses se declara en emergencia. A confesión de parte…

No es menor que la emergencia social no haya sido declarada el 11 de diciembre de 2015 en tanto hubiera arrojado su carga sobre el gobierno de Cristina. Por el contrario, se trata de un proyecto en las condiciones de producción de un contexto de empobrecimiento acelerado a solo once meses de gobierno. Así es la foto de un fin de año donde Macri no puede aparecer subido a una Toyota Hilux señalando el sol de una cosecha récord, sino un presidente ojeroso, firmando entre gallos y medianoches el decreto que incluye los beneficios del blanqueo a las parentelas de su gobierno, promoviendo en loop la integración a un mundo que le es cada vez más ancho y ajeno y que balbucea que gobierna para “ese 32% de pobres” en las controladas entrevistas a la prensa.

Si acordamos con esta foto como caracterización sobre el gobierno, ¿no habría que posponer discusiones sobre la retórica ideológica fina y aceptar este “desorden” como potencia? Los desafíos de la llamada “unidad” deben sortear unas diferencias que, con el peronismo en el poder, muchas de ellas, se “ordenaban” desde arriba. Incluso, para la sensibilidad kirchnerista, esa ley y esa plaza representa a miles que votaron y volverían a votar al FPV. Pero lo gremial en Argentina, por derecha e izquierda, esa representación de “aristocracias obreras”, “clasismos” o “miserables”, siempre resulta un hecho maldito.