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Luego de que Israel ocupara, en el marco de la Guerra de los Seis Días (1967), los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza (junto al Golán sirio y el Sinaí egipcio), Moshe Dayan -el poderoso ministro de Defensa israelí y nuevo mandamás en esas zonas- se reunió con la reconocida poeta palestina Fadwa Tuqan en la ciudad de Nablus. La guerra había triplicado el territorio de Israel de un día para el otro y dentro él había incorporado a un millón de palestinos en Cisjordania y Gaza. Durante la conversación entre el oficial conquistador y la mujer ocupada, el militar le espetó a la artista una frase que reverberó en la cabeza de Tuqan para siempre: “Ahora la situación (la ocupación) remite a la compleja relación entre un beduino y la mujer a la que él secuestra contra su voluntad. Hoy, los palestinos como nación, no nos quieren pero nosotros cambiaremos sus actitudes forzando nuestra presencia entre ustedes”.

Por esos días, otra interesante reunión había ocurrido, no ya entre personas de naciones enfrentadas, sino entre tres amistosos compatriotas. Así, los periodistas israelíes Amos Elon y Uzi Benziman viajaron a Jerusalén Este para reunirse con el general Uzi Narkiss, a cargo del Comando Central del ejército israelí y, por consiguiente, responsable de la parte de Jerusalén (Este) recientemente conquistada. Cuando Elon le preguntó cuánto tiempo pasaría para que la ocupación de la Jerusalén palestina diera signos de resistencia, Narkiss se relajó en su silla y, mirándolo a los ojos, sentenció: “Yo fui el agregado de nuestro ejército en París durante la revuelta del FLN contra el dominio francés en Argelia y puedo asegurar que no hay comparación alguna entre los árabes de Jerusalén y Cisjordania con los árabes argelinos”. Pocas semanas después del encuentro de Narkiss con los míticos periodistas, tres palestinos -Anam Barnawi, su hermana Fatma y Omar Odeh- entraron a un cine del centro de Jerusalén y colocaron una bolsa con explosivos bajo un asiento de la fila 25. Como los tres salieron presurosos del recinto, un espectador sospechó de sus intenciones y convocó a la policía, que agarró la bolsa y la llevó a un descampado cercano. Minutos después, la bomba explotó y la revuelta palestina contra la ocupación israelí comenzaba.

Mientras que el Estado de Israel festejó su 69 aniversario en mayo, junio es el mes de otra efeméride: la conquista de Cisjordania, la Franja de Gaza, las Alturas del Golán y la Península del Sinaí junto a la inmediata colonización de sus tierras. Si bien el Sinaí fue devuelto a Egipto luego de un acuerdo de paz, el dominio israelí sobre los demás territorios se mantiene imperturbable hasta el día de hoy (en 2005 Israel también evacuó sus colonias de Gaza pero sigue controlando el espacio aéreo y marítimo de la Franja, junto al movimiento de personas y mercancías). Ni lerdo ni perezoso, el gobierno israelí -dominado en 1967 enteramente por socialistas y miembros de la izquierda kibbutziana- inauguró un imperio que a sólo a tres meses de la conquista ya había construido una colonia en el Golán y otra en Cisjordania. Para cuando la derecha israelí junto a sus aliados religiosos llegó al gobierno en 1977, los “moderados” de izquierda ya habían instalado 80 asentamientos.

Apelando sólo a datos fácticos, es imposible negar que, de los 69 años de existencia del único estado judío en el planeta, 50 años fueron de dominación y conquista hacia otro pueblo. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo se llegó a esta situación? La respuesta es fácil y nada intrincada: la constante intención de Israel -a partir del “séptimo día”- de conservar la mayor parte de las tierras, conquistando mediante la instauración de una dictadura militar sobre la población palestina. Esta dictadura, denominada “Administración Civil”, no fue fortuita sino el vehículo necesario para profundizar la colonización. Bajo pretexto de no anexar los territorios conquistados -aunque tampoco sin la decisión de gobierno de abandonarlos- se extendió una suerte de “estado dentro de otro estado” donde Israel violó de forma consciente el derecho internacional y la Cuarta Convención de Ginebra. A sólo tres meses de finalizada la Guerra de los Seis Días, el principal asesor legal de la cancillería israelí, Theodore Meron, (quien décadas más tarde encabezaría el Tribunal de la Haya para la antigua Yugoslavia) alertó al primer ministro israelí y a los ministros de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores que la Convención, en su artículo 49 y de la cual Israel es signataria, prohíbe a una nación ocupante trasladar parte de su población a un territorio ocupado. Sin embargo, a sólo diez días de recibir el memo jurídico, el gabinete israelí aprobó por primera vez la instalación de una colonia judía en Cisjordania.

Muy pronto la anexión se convirtió en la fantasía de los colonos más fanáticos y no la de los líderes israelíes debido a que si se incorporaban los territorios conquistados a Israel sería necesario extender todos los derechos de sus ciudadanos a los hombres y mujeres palestinos. Los beneficios de ser el “ocupante” y no un “par” siempre estuvieron claros para el liderazgo político israelí: dentro de esa zona crepuscular, los colonos tienen, hasta el día de hoy, todos los derechos que gozan los israelíes (e incluso unos cuantos más). Estos derechos son ejercidos convenientemente en medio de una clase baja palestina, la cual, por consiguiente, le suministra a los israelíes mano de obra barata para sus tareas, economía, proyectos y expansión. Las palabras pronunciadas en ese tiempo por Pinhas Sapir, el entonces ministro de Finanzas israelí, sobre la dependencia de su país con  la mano de obra palestina, ya eran premonitorias. En un encuentro del Laborismo durante 1972, Sapir auguraba la creación de una clase que “hace el trabajo limpio y otra que hace el trabajo sucio” al igual que “los negros en Estados Unidos” y si Israel continuaba gobernando a los palestinos sin concederles igualdad de derechos, su patria ingresaría “en un grupo de países cuyos nombres no quiero pronunciar en una misma frase”.

Por lo tanto, el arreglo (“no retirarse pero tampoco anexar”) resultaba más que conveniente: la decisión de no otorgarle derechos igualitarios a los palestinos era técnicamente legal pues los mismos no eran ciudadanos israelíes. Israel se considera a sí mismo una democracia para todos pero no lo es: se trata de una democracia con derechos de privilegio para los judíos (cualquier judío del mundo que quiera emigrar a Medinat Israel puede convertirse en ciudadano israelí al instante), limitada e imperfecta para los árabes que viven dentro de Israel (que estuvieron bajo dominio militar dentro de Israel desde la fundación del estado hasta 1966 y al día de hoy no pueden instalarse en cualquier zona del país) y en el último peldaño están los palestinos de Cisjordania y Gaza, los cuales deben lidiar día a día con el sistema que “la única democracia en el Medio Oriente” ideó para ellos: un régimen pergeñado para que este sector nunca experimente tal democracia.

Más adelante, en 1993, llegaron los Acuerdos de Oslo. Yitzhak Rabin, el último líder israelí que enfrentó a la creciente derecha religiosa encargada de profundizar el manto colonizador dejado por sus colegas de centro-izquierda, admitió que los firmó con Yasser Arafat ya que el liderazgo palestino se encontraba en su momento más débil (había apoyado al lado perdedor de la primera guerra del Golfo y eran ninguneados por la Liga Árabe.) El “arreglo” de Oslo, que no es un tratado de paz y sí una declaración de principios en donde ninguna de las partes reconoce la noción de un estado palestino independiente ni tampoco se hace explícita una moratoria en la construcción de asentamientos, permitió rejuvenecer y perfeccionar el control israelí sobre los palestinos. Así, mientras Israel dividía los territorios en unidades desconectadas entre sí (Área A, B y C) y permitía el establecimiento de una “policía autónoma” denominada Autoridad Palestina (reducida a operar exclusivamente en el Área A), aumentaba en casi el doble la población de colonos y creaba el asentamiento de Modin Illit, el mayor de Cisjordania, con estatus de “ciudad” al día de hoy.

La división de Cisjordania con vigencia por un plazo máximo de cinco años (1999 era la fecha tope según los acuerdos para llegar a un tratado final), sigue en pie 24 años más tarde y creó la apariencia de un principio de retirada cuando, en realidad, Israel prolongó su control sobre los palestinos de Cisjordania, Jerusalén oriental y Gaza sin necesidad de emplear a sus fuerzas de seguridad en las grandes ciudades palestinas. En la actualidad, la mayor parte de la población palestina vive en 165 “islas” (poblados sin continuidad territorial) dentro de las tampoco contiguas áreas A y B, el 40 por ciento de Cisjordania. La totalidad de los 131 asentamientos “legales” israelíes se encuentran en el Área C, zona bajo control total israelí.  Asimismo, existen también otras 100 colonias en ciernes, que no están legalizadas aún y que son denominadas por Israel con el revelador nombre de “puestos de avanzada”. Además, el Área C, que rodea a las “islas palestinas”, contiene casi todas las reservas de tierra y agua necesarias para el desarrollo de la industria y  la agricultura de un futuro estado palestino. A su vez, dentro de esa zona se encuentran las carreteras que conectan todas las colonias israelíes sin tener que entrar por ninguna en ciudad palestina.

Aunque los colonos y sus partidarios de derecha protestaron contra Oslo -e incluso uno de sus miembros asesinó a Rabin-, el “proceso de paz” se estancó de tal manera que los opositores a las conversaciones hicieron poco para alterar un arreglo que los favorecía. La situación se convirtió en una mejora a los intereses israelíes ya que desde ese momento los palestinos eran “ciudadanos” de una desdentada Autoridad Palestina que comenzó a depender del dinero extranjero para proporcionar servicios básicos como la salud o la educación.

¿La situación es comparable a la Sudáfrica del Apartheid? En 1927, Haim Arlosoroff, mucho antes de la creación del estado israelí, escribía: “Creo que vale la pena encontrar un equivalente a nuestro problema en los anales de asentamiento de otros países”. Según Arlosoroff, las comparaciones con los Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda eran erróneas, pero “Sudáfrica es casi el único caso en el que hay similitud, con nuestras condiciones y problemas, para permitirnos una analogía”. El presente es aún más contundente. Aquellos familiarizados con la historia sudafricana saben que el régimen de permisos para la población negra en Sudáfrica fue uno de los aspectos más notorios del apartheid. Procedimientos similares (pero no idénticos) son una parte inherente al orden al que están sometidos millones de no-ciudadanos palestinos. Si bien la caracterización de Israel como un estado de apartheid deja de lado algunos aspectos únicos de la ocupación israelí, en muchas cuestiones las similitudes son indiscutibles: Israel controla todo el registro de la población en los territorios ocupados, todos los palestinos deben llevar tarjetas de identificación emitidas por Israel y su identidad está sujeta a verificación por parte del ejército israelí en todo momento. Existe un complicado sistema de permisos y regulación del movimiento dentro de Cisjordania como en su desplazamiento fuera de la zona: hay 101 permisos para entrar a Israel desde Cisjordania lo que constituye el sistema más sofisticado de control de una población en todo el mundo. El grado de cooperación de un palestino con el ejército israelí es directamente proporcional a su capacidad para viajar libremente y sólo una pequeña parte de la población -un par de decenas de miles entre casi tres millones- tiene permisos para trabajar en Israel, al oeste de la Línea Verde, límite internacionalmente reconocido entre los israelíes y los palestinos.

 

fotos: Ezequiel Kopel