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El conflicto desatado en el subterráneo de Buenos Aires ha abierto diversas aristas que, por la trayectoria de sus protagonistas y la repercusión pública del mismo, convierten su resolución en medular para la etapa. Hoy que en todo el país crujen y avanzan regionales en diversas ramas, los metrodelegados son un ejemplo de sindicalismo construido de abajo hacia arriba.

Ante la constante imposibilidad de actuar con parámetros democráticos dentro de la UTA (gremio de choferes de colectivos que detentaba la representación de los trabajadores del Subte), construyeron desde cero un sindicato propio para la actividad que, rápidamente, fue el más representativo de los trabajadores del sector.

La AGTSyP hizo aquello que la ley de asociaciones sindicales habilita, pero que implícitamente está pensado para que no ocurra: presentó sus fichas de afiliación ante el Ministerio de Trabajo, reclamó la compulsa con el otro sindicato, y ganó (aunque en el caso fue por abandono, la UTA ni se presentó). Sin embargo, desde 2013 el expediente durmió el sueño de los justos en el Ministerio de Trabajo y, muy tarde, los metrodelegados consiguieron la personería en la administración para finales de 2015, en los fatídicos meses del “¿Qué te hicieron Daniel?”. Luego el expediente siguió su curso en la justicia, para que finalmente una absurda carambola judicial terminara, después de cinco años y ya con el macrismo en el gobierno nacional, volviendo la cuestión a fojas cero. La parábola es, lamentablemente, perfecta.

Durante todos esos años, al compás de las paritarias libres del kirchnerismo, los metrodelegados crecieron en organización e identidad. Con dirigentes de enorme creatividad, que a la par que abrazaban la convocatoria nacional-popular en el gobierno, mantenían un discurso asentado en la identidad de la clase trabajadora y un sindicato plural con activismo de diversas tradiciones políticas.

Roberto Pianelli, Secretario General del Gremio, explicaba por radio que discutían paritarias según el valor de la entrada del cine o los museos “porque es el piso para que puedan disfrutar los hijos de los trabajadores”. Pelearon la reducción horaria por insalubridad y ganaron; el trabajador del subte tiene jornada de seis horas y aún hoy el programa principal de la emisora radial del sindicato se llama “dos horas menos”. Allí recrean esas dos horas de ocio que la organización sindical le arrebató a la patronal, para que cada trabajador la disfrute como quiera. Quique Rositto, Secretario de Prensa y conductor del programa, sorprende a invitados distraídos, que trastabillan al explicar qué hacen o harían en el tiempo libre que les deja la sociedad del rendimiento. Y son virales las contiendas televisivas entre Néstor Segovia y la patria panelista, dos modos de ver la vida y el mundo. Como aquella en que el metrodelegado le canta las cuarenta de la dignidad trabajadora a Paulo Vilouta, emblema de la mediocridad televisiva: “vos chamuyas, nosotros somos laburantes”.

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Tras más de dos años de macrismo en el gobierno nacional, la AGTSyP  siguió́ siendo, en tanto único sindicato legítimo y con capacidad de acción sindical en el ámbito del subte, el gremio que discutió paritarias y todo lo referido a la negociación colectiva. Los últimos meses algo cambió.

Se habla de una feroz interna entre los funcionarios que quedaron en Ciudad, y el esquema de negocios que desde el Ministerio de Transporte de Nación y sus tentáculos en la cartera de Triaca, conduce Guillermo Dietrich, el hombre de las low cost. Allí despunta en el equipo de los halcones Lucas Fernández Aparicio, hombre bien conocido por los sindicatos del transporte. Detrás de la lógica desquiciada inaugurada por la gestión en su radicalidad contra los Metrodelegados, se avizora la salida del grupo Roggio y una licitación internacional con capitales ingleses y franceses, que necesita para empezar menos trabajadores, salarios más bajos, tarifas más altas. O sea, disminuir costos y aumentar dividendos.

Para marzo, trabada la negociación paritaria con los metrodelegados, el GCBA decidió correr la mesa y avanzar con la UTA un aumento de 13% en tres cuotas, a tono con la negociación salarial en todas las ramas que administra el Ministerio de Trabajo. La dinámica de la economía nacional se encargó de liquidar la legitimidad de ese acuerdo. Para principios de abril, la crisis devaluatoria puso las expectativas inflacionarias en el horizonte del 30%, haciendo crujir la estantería del conjunto del movimiento sindical.

Los metrodelegados de AGTSyP activaron su plan de lucha. Conscientes de que el paro total del servicio de subterráneos es una medida entre varias posibles, con ciertos costos en el marco del ejercicio del derecho de huelga, el método principal que utiliza el sindicato del subte es la apertura de molinetes. Este mecanismo, que implica básicamente abstenerse de cobrar el boleto, tiene la particularidad de cumplir con el requisito huelguístico de afectar la plusvalía patronal, y a la vez no solo no afectar al público usuario, sino por el contrario favorecerlo directamente. Imperdonable para este gobierno.

La empresa, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y el gobierno se dedican con meticulosa atención a criminalizar esta práctica sindical. Presentan actas con escribanos, acompañan como testigos a sus gerentes, y reclaman a la justicia que englobe ese mecanismo en alguna práctica delictiva. Tienen el inconveniente de que, además de ser un mecanismo amparado en el derecho de huelga, no tienen modo de englobar la práctica en ninguna acción tipificada en los códigos contravencional o penal: una semana antes del conflicto que derivó en la detención de Segovia, veinticinco trabajadoras y trabajadores del subte fueron sobreseídos en el juzgado penal n° 7 de la Ciudad, en una causa iniciada por el fiscal macrista Martín Lapadú.

Ahí fue que el gobierno radicalizó su estrategia. Mandó decenas de telegramas con sanciones a delegados y activistas, inició demandas de exclusión de tutela en el fuero laboral, y el martes 22 de mayo se lanzó a impedir la medida de protesta, obligando a la paralización del servicio en todas las líneas. Es interesante comprender la dinámica de ese día.

La Policía de la Ciudad actuó sin orden judicial, igual que lo han hecho cuando pretendieron impedir la instalación de la carpa docente en Congreso. Prohibieron el ingreso de los medios de comunicación a las estaciones Las Heras y Caseros donde se desarrollaba la protesta, rodearon las vías con las fuerzas especiales, los “cabezas de tortuga”. Impidieron el “levantamiento de molinetes”, reprimieron, y detuvieron a dieciséis trabajadores, entre ellos a uno de sus directivos, Néstor Segovia. Así, lógicamente, las asambleas de cada sector no demoraron en votar el paro total en todas las líneas hasta tanto fueran liberados todos los militantes del sindicato.

El accionar del gobierno de la Ciudad durante ese día, con monitoreo directo de los funcionarios nacionales, revela nuevamente la decisión de tensionar la cuerda, de convertir el subte en caso testigo. Actuaron sin orden judicial, con la represión obligaron al paro, y luego de efectuar las detenciones estiraron las mismas hasta entrada la noche, asegurándose el máximo de tensión en la hora pico.

A Segovia lo detuvieron a las once de la mañana. Con una verificación de domicilio en una hora se podría haber ido. Sin embargo la policía y el GCBA iniciaron el periplo en busca de juez (Comodoro Py no quiso recibir la causa), y estiraron la situación durante toda la tarde. Trasladaron a los detenidos a la fiscalía en pleno horario de noticieros y antes se encargaron, mientras se desplegaba el paro de mandar a sus funcionarios a hablar en la prensa.

Así, cuando ya la ciudad entera hablaba del tema y hacía colas en las paradas de colectivos, mientras los funcionarios policiales se encargaban de demorar el traslado a fiscalía de los trabajadores detenidos, el gobierno salió a instalar en primer lugar que no se estaba discutiendo paritaria, sino el reclamo de representación, o una interna entre sindicatos; y en segundo lugar que “la Corte dijo que los metrodelegados no son un sindicato”. Esta última frase la repitió públicamente y varias veces el propio Jefe de Gobierno. Posverdad macrista.

“No podemos negociar con ellos porque la Corte los ilegalizó”. Santilli, Larreta y Felipe Miguel salieron decididos a instalar esta mentira lisa y llana; y lo saben. AGTSyP es un gremio con simple inscripción gremial, al cual el artículo 5 de la Ley de Asociaciones Sindicales habilita a “Formular su programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical”. El fallo “Orellano” de la CSJN ratificó estos conceptos, siendo claro también en el derecho de toda asociación gremial a llevar a cabo medidas de fuerza. Lo único que sigue en disputa es la compulsa por la personería gremial, expediente ahora cajoneado por el ministro Triaca. Pero Larreta y sus funcionarios insisten: si se instala socialmente, pasará a ser cierto; aunque no lo sea.

Para la última semana de mayo, en un nuevo ataque, el Ministerio de Trabajo abrió un expediente y emitió en tiempo récord una insólita resolución: prohibió a las entidades bancarias autorizar débitos de las cuentas de sus clientes, que estén destinados a asociaciones sindicales. O sea, si sos asalariado podés pagar por débito bancario la luz y el gas, netflix, el gimnasio, la escuela privada, pero no la cuota sindical. En el mismo día el Banco Central giró la resolución a todos los bancos del país. Muy liberales.

Ahora la Justicia de la Ciudad ordenó al GCBA reabrir la paritaria y convocar a la AGTSyP, a la par que conminó al sindicato abstenerse por sesenta días de llevar a cabo medidas de fuerza.  Los Metrodelegados, además denunciaron a funcionarios del Ministerio de Trabajo, planteando que el conjunto de acciones desplegadas entre diversos actores nacionales y locales, constituyen delitos contra la libertad de trabajo y asociación (delito que había sido derogado por la dictadura de Onganía, y que volvió al código penal por ley del 28 de mayo de 1.973). Como siempre, el round jurídico se resolverá según relaciones de fuerza, que lo exceden absolutamente.

Mientras tanto, al ritmo de las expectativas inflacionarias, la reapertura de paritarias en todos los sectores se vuelve un hecho tangible que obligará a convocar nuevamente a las partes, alimentará una vez más este conflicto, y otra vez pondrá sobre la mesa el protagonismo de AGTSyP en la disputa salarial en el ámbito del subterráneo.

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A pesar de la constante demonización de la prensa cualunquista, los Metrodelegados han adquirido mucha gimnasia en el debate sobre el modelo de transporte en la Ciudad. En la línea de su tradición sindical, con el correr de los años han excedido el debate paritario y se plantearon como actor en la siempre candente disputa por el modelo de gestión del transporte urbano.

Realizan constantes campañas y acciones judiciales para enfrentar los tarifazos, denuncias sobre falta de mantenimiento en trenes y estaciones, propuestas concretas sobre cómo mejorar el servicio y escalonar selectivamente la tarifa. O sea, se han preparado para administrar el Subte porteño. Son una fuente de resistencia a los parámetros económicos y culturales que el PRO desea, alimenta e impone.

Este año en particular, Pianelli y la AGTSyP son los amparistas en un expediente de inusitada gravedad que tramita en el fuero contencioso porteño, ante el juzgado de la jueza Alejandra Petrella: los vagones del subterráneo tienen asbesto, una sustancia cancerígena prohibida en nuestro país mediante resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación 845/2000 y 823/2001 y cuyo uso es rechazado por el Ministerio de Salud.

Esos vagones, llamados CAF 5000, fueron comprados a España en una compra sin licitación, que recibió diversas denuncias en su momento. El Metro de Madrid ya reconoció la presencia de asbesto en el tipo de formaciones. En nuestro país no se han quitado estas formaciones de circulación, y el gobierno de la Ciudad oculta la temática: sería muy caro retirar de circulación formaciones y vagones por esta denuncia de los trabajadores. Habrá que ver el devenir del expediente judicial, pero hasta el momento los únicos que han advertido al público usuario de la presencia de material cancerígeno son los trabajadores; son los metrodelegados la única garantía que tienen los pasajeros de defender su salud y el derecho a un medio ambiente sano, por sobre el lucro de empresarios y sus socios ocasionales en el Estado.

Así, tarifas dolarizadas, menos trabajadores, reducción de “costo” salarial, poca inversión en normas de higiene y seguridad son los ítems de las políticas que el macrismo parece decidido a imponer y a los que una sociedad movilizada les está poniendo límites, en este empate técnico de la coyuntura nacional. Ítems que se encuentran presentes en esta bisagra que llaman, orgullosamente “la lucha del subte”.