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¿La espada, o la pluma y la palabra?

La escena pública de la pandemia está hipermediatizada. Desde el inicio de la cuarentena, los acuerdos y definiciones gubernamentales se someten a un sinfín de lógicas transmediáticas que tensionan la interpretación de los conflictos políticos.

La seguridad urbana es uno de los parajes de incertidumbre más manifiestos en el terreno político y visibilizados en el espacio mediático de los últimos meses. Una lista escueta del noveno mes del año debería contener las discusiones por casos de violencia policial, la preocupación por el aumento de los delitos, los anuncios presupuestarios para enfrentar el crimen, la batalla por el protagonismo político de la gestión de las fuerzas y la protesta policial. Más que entre las flores, septiembre camina esquivando las espinas de la inseguridad.

El anuncio presidencial sobre los fondos destinados al equipamiento de la policía bonaerense protagonizó el primer viernes del mes. La medida parecía inclinarse sobre la misma estrategia de visibilización de los últimos mandatos de gestión tomados para sectores sociales específicos. Una forma de comunicar la política en contexto de pandemia, con distanciamiento de lo social y cercanía de lo mediático. Los medios tomaron los cuadros captados por la presidencia y se hicieron eco de las novedades securitarias, sin elogios ni críticas.    

Las imágenes del viernes 4 de septiembre se enfocaron cuidadosamente en el presidente, el gobernador, y en los dos ministros de seguridad, enemistados pero juntos para la transmisión de la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Conurbano. Los cuadros de intendentes y víctimas de la inseguridad también acompañaron las palabras que enumeraron una inversión de 37 millones de pesos, el envío de 3957 gendarmes y la construcción de 12 nuevas cárceles. Los fondos, explicaba el presidente en un spot que circuló por las redes, serían destinados a equipamiento como balas, armas, chalecos antibala, cámaras de seguridad, y tecnología para los patrulleros. No hubo frases sobre la investigación en curso por la muerte de Facundo Astudillo Castro, tampoco especificidad sobre los múltiples casos de violencia policial que circularon durante la cuarentena. Ni la imagen ni las palabras parecían un ataque a la cuestionada Bonaerense.

El centro del anuncio presidencial estuvo puesto en reforzar la tarea policial para ser “implacables” contra el delito, pero el recibimiento de la noticia por parte de los protagonistas sorprendió con su respuesta. Hasta días atrás, este cuerpo policial aparecía en materiales audiovisuales en los que el ministro de la provincia, con tono militar, les daba palabras de aliento a sus uniformados. “Orden, subordinación y valor”, el slogan repetido en la voz determinante del funcionario recalcaba “la vocación de servicio en esta emergencia”. Pero no es una novedad que la policía provincial es una caja de sorpresas. La madrugada del 8 de septiembre, el valor y el orden se acoplaron con la insubordinación, pese al tono castrense del ministro provincial, pese a los anuncios presupuestarios nacionales para equipamiento contra la delincuencia.

La casa no estuvo en orden

La protesta duró casi tres días. Los primeros videos de patrulleros con sirenas y luces disputando la intranquilidad de la noche del conurbano bonaerense circularon rápidamente por las redes. La primicia llegó a los medios tradicionales a través de las capturas de teléfonos celulares de uniformados y vecinos. Si las calles bonaerenses eran peligrosas, esos posteos reforzaban una percepción de inseguridad, esta vez propiciada por quienes nos cuidan. La supuesta inorganicidad de un reclamo entramado por WhatsApp y Facebook llegó bien ordenado y sin espera a los medios. La armonía estruendosa de los patrulleros arribando al edificio de la gobernación provincial poco tenía de desalineada. El spot presidencial con los anuncios del viernes 4 parecía, apenas días después, una foto deslucida.

Desde el inicio de la protesta las coberturas mediáticas subrayaron la racionalidad del reclamo salarial. La hipermediatización de la demanda laboral policial brindó una legitimidad al reclamo de la que no vienen gozando otros sectores también postergados. Si por la fuerza la medida azul se convirtió en protagonista del espacio público, el foco mediático difirió en sus perspectivas. Los medios, en general, se centraron en la voz de los protagonistas, se inclinaron por una cobertura amplificadora de la voz policial, hicieron propios los testimonios y problemas laborales de los uniformados. La voz periodística, en estos casos, se hizo eco del ritmo de los cánticos y bocinazos policiales.

Un segundo grupo, de menor escala, se enfocó en buscar la historia personal de esos reclamos en una cobertura testimonial. Esta lógica retomó las voces individuales de policías que, por ejemplo, enfrentan las dificultades de ser madres durante el servicio, o los problemas personales de quienes no tienen dinero para llegar a fin de mes. La quita de los “adicionales” y las pocas horas de sueño para llevar un plato de comida al hogar aparecieron, a la luz de las cámaras de los móviles televisivos, como problemas de la cotidianeidad de los agentes y oficiales muy similares a los que vive la audiencia. Las coberturas amplificadoras y las testimoniales compartieron una misma narrativa dramática: el reclamo de quienes nos cuida nos deja a la buena de Dios, en el mar vertiginoso y peligroso de las calles bonaerenses. 

Una tercera cobertura, menos numerosa aún, fue la contextual y política. Esta perspectiva recalcó que las imágenes de efectivos con armas en la madrugada, sólo podían implicar -aparte del reclamo salarial- la presión de un sector sobre el poder político.

En paralelo a los vaivenes periodísticos, las conjeturas e hipótesis de voceros oficialistas y de la oposición no se hicieron esperar. Mientras la escena mediática avanzaba, en las redes sociales se comenzó a agitar el hashtag #TodosConAxel. Su enunciación, acompañada de imágenes de personalidades políticas junto al gobernador bonaerense, puso de manifiesto la posibilidad de que el conflicto policial tuviera un fundamento oculto y desestabilizador.

El ministro de seguridad bonaerense negaba que el conflicto se tratara de un “alzamiento policial”. Pero el tiempo marchaba al ritmo de borceguíes negros y uniformes gastados. El jueves 10, con transmisión en vivo y en directo por las pantallas de todo el país, la policía provincial “abrazó” al presidente con las armas en sus cinturas, banderas argentinas en la mano y los móviles en un cordón que rodeaba la tranquilidad de la arboleda de Olivos.

Cuando la policía trasladó su reclamo a la quinta presidencial, el sentido salarial quedó confinado a un segundo plano. Sin embargo, las coberturas mediáticas tendieron a no modificar las perspectivas tomadas desde el inicio del conflicto. Esta línea amplificó y dramatizó el aspecto individual de la medida. Pocos medios reforzaron el sentido estructural del problema como parte de un contexto y una historia de la fuerza bonaerense, y de un apriete a la democracia.

El gobierno de la protección

El simbolismo de los uniformados rodeando la casa presidencial recalcó las antítesis de los modos de gestionar el conflicto social. Las armas contra la política. El fusil contra la pluma. La espada contra el intelecto. La violencia contra la democracia. En la batalla de los opuestos, la palabra se opaca frente a las imágenes de la fuerza. El mensaje no tiene metáforas: los que nos protegen, se gobiernan; y, si quisieran, nos pueden gobernar.

La gestión de este conflicto político despertó un problema al que se enfrentan algunas de las últimas intervenciones del gobierno nacional. En agosto, fue la frialdad de la justicia; en septiembre, el clima cambió hacia la gestión sobre la seguridad. Dos clivajes de resonancia en la vida política argentina. La escena pública se trasladó de las transmisiones virtuales del Congreso a los videos caseros de las oscuras noches del conurbano, y lo más parecido a una cadena nacional uniformada desde Vicente López. En paralelo, a las imágenes televisivas, en Twitter la batalla se producía sin armas pero con mensajes de apoyo al orden institucional y democrático. Paralizada la movilización política callejera por la pandemia, el espacio público se recostó nuevamente en las redes sociales.

La muestra de poder se produjo en un contexto en que los agentes del estado absolutamente esenciales son los de la salud pública y los de la seguridad. Los que nos cuidan. Pero uno de esos agentes del estado tiene muy cerca el posible descrédito por un caso que aún no tiene explicación, la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. La voz policial, que podría ser de poca legitimidad en este contexto, no solo se envalentonó, sino que con ella lo hicieron otros sectores opuestos al gobierno, entre ellos determinados medios, que convirtieron en propio el conflicto policial, y amplificaron una jugada muy riesgosa. Por eso, la movida no solo la produjo una fuerza apuntada por la violencia policial, sino también medios que legitimaron con el silencio ese accionar, que apoyaron sin cuestionamientos el reclamo. Tampoco se quedaron al margen otros sectores políticos que apostaron fichas al juego antidemocrático con fines electoralistas.

Mediado septiembre, una semana después del levantamiento de los azules, Sergio Berni reapareció en la escena (mediática) y redujo las banderas, los redoblantes y los borcegos a una “disputa por representación legal” y la confinó a un accionar de la policía local. “Todo bajo control”, se apuró a decir en diversos programas de televisión. La calma que no antecedió, pero sobrevino al huracán.

Finalizado el conflicto, y entre pedidos de renuncias y fragmentos audiovisuales de las explicaciones del ministro, el interrogante sigue siendo quién gana el simbolismo, la política o la fuerza. ¿Hacia qué lado de los opuestos se inclina? ¿La espada?, ¿la pluma y la palabra? Preguntas que contestarán los meses, y las estrategias políticas que se tomen por fuera de las pantallas.