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La conmemoración del 39º de la Revolución Sandinista, se produce en el marco de lo que para algunos es una rebelión civil contra la concentración de poder de Daniel Ortega y su esposa y primera dama, Rosario Murillo. Mientras que, para otros, se trata de un nuevo capítulo de una guerra contrainsurgente que Estados Unidos estaría llevando a cabo en la región.

La represión feroz que desató el gobierno, para la cual no existe justificación alguna, pone a un sector de la izquierda regional en una situación al menos incómoda. Y la enfrenta, una vez más, a una discusión acerca de los límites del pragmatismo como instrumento para garantizar gobernabilidad.

Las tensiones acumuladas dentro de la sociedad explotaron cuando el gobierno anunció que, para hacer frente al déficit de la seguridad social, se aumentaría el aporte de los trabajadores y los empresarios y se reducirían las pensiones en un 5%. Esto generó movilizaciones en rechazo a la medida, de la cual el presidente se retractó a los pocos días. Pero más allá de la propuesta gubernamental, la crisis comenzó a escalar y a cuestionar al gobierno en su conjunto.

Frente a la respuesta represiva, las críticas más duras vinieron de ex compañeros y compañeras de Ortega, quienes, generalmente por izquierda, abandonaron el FSLN para conformar otras fuerzas políticas, que hasta el momento no han logrado una base electoral que les permita ganar en las urnas. A estas voces disidentes se suman numerosos intelectuales y artistas que acompañaron la Revolución Sandinista. La principal acusación que pesa sobre el presidente es la de haber “secuestrado” el partido y utilizarlo en beneficio de su “clan” familiar para consolidar un régimen autocrático.

Ideología vs. Pragmatismo

En el centro de los reclamos se encuentra un cuestionamiento a la figura de Ortega, que en parte pueden entenderse si se tienen en cuenta las transformaciones que el FSLN sufrió desde su participación de las elecciones, en 1990, en las cuales fue derrotado.

El fenómeno conocido como “la piñata” fue el primer acontecimiento que generó una crisis interna en las filas del FSLN, un proceso de adquisición de inmuebles que previamente habían sido expropiados por el gobierno revolucionario.

La transferencia de bienes tuvo, en un primer momento, un objetivo político. La idea era robustecer las arcas del partido y afrontar el periodo fuera del poder. Pero terminaron en manos de sus altos mandos que hicieron un uso discrecional de ellos. Paralelamente, durante ese periodo la dirección del partido se fue concentrando en la figura de Ortega, abandonando un esquema colegiado de conducción que lo había caracterizado en los años anteriores, y que hizo que muchos referentes abandonaran sus filas.

En 1999, y luego de varias derrotas electorales, el FSLN selló un pacto con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán. El acuerdo le permitió que la “cúpula danielista” designara funcionarios de alto rango en algunas instituciones estatales claves como la justicia. Como parte de ese acuerdo, se reformó la Constitución Nacional en el año 2000, y se aumentó considerablemente la cantidad de espacios institucionales que serían repartidos entre las dos fuerzas. Esa misma negociación incluyó una reforma de la ley electoral que reforzaba el bipartidismo y garantizaba una victoria sandinista en primera vuelta. Además, los diputados del FSLN apoyaron el Tratado de Libre Comercio entre América Central y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en ingles). Y respaldaron los condicionamientos del FMI y el Banco Mundial.

Aleman protagonizó un gobierno plagado de denuncias de corrupción, por las cuales fue procesado en 2002, y condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero. La alianza entre los liberales y el FSLN incluyó un pacto de protección mutua: esto le permitió a Alemán evadir la prisión efectiva y disfrutar los privilegios de la reclusión domiciliaria, en una clínica privada en Managua. A la vez que Ortega logró eludir rendir cuentas- con la inmunidad parlamentaria como instrumento- por una denuncia de violación realizada por su hijastra Zoliamérica Narváez, hija de Rosario Murillo. Una causa que fue archivada por prescripción en 2001.

Sobre la premisa de que “la paz se firma con los enemigos”, y que con la derecha eclesiástica en la vereda de enfrente el retorno al poder iba a hacer imposible, el FSLN tejió una alianza con el cardenal Miguel Obando, que había sido uno de los más reconocidos ideólogos antisandinistas durante los años de la revolución. Acusado de mediar con Estados Unidos para obtener ayuda a favor de la Contra, el mismo Ortega había calificado a Ogando como “capellán del somocismo”.

Para 2003, todo aquello parecía estar olvidado, y el cardenal se transformó en un hombre cercano al futuro presidente. Más allá de las fotos, las misas televisadas y el pedido de perdón de Ortega “por los excesos pasados de la revolución contra los obispos católicos”, las lealtades se afianzan sobre medidas concretas. Es por eso, que, durante la campaña presidencial de 2006, Ortega y los diputados del FSLN manifestaron su apoyo decidido a la penalización del aborto terapéutico, que terminó aprobándose en octubre de ese año.

La reforma eliminó la posibilidad de que las menores embarazadas por haber sido violadas y las mujeres cuyo embarazo ponga en peligro su vida, puedan abortar legalmente. Esto generó una ruptura entre el movimiento de mujeres y el sandinismo, ya que representó un retroceso enorme en un país donde se registran altos índices de abusos sexuales contra niñas.

Para muchos sandinistas, los acuerdos del “danielismo” con sectores de la oligarquía liberal y de la derecha eclesiástica representaron un verdadero viraje ideológico. Además, el pacto con la derecha tenía como contracara el abandono de todos los principios de una fuerza de izquierda: ética, conducción colectiva, debate y formación política. A pesar de esto, Ortega mantuvo los resortes del partido, que le dio el visto bueno a las transformaciones bajo una mirada más pragmática, que consistió en defender que, sin ese pacto, el FSLN corría el riesgo de condenarse a una eterna oposición. Los pactos propiciaron una ruptura dentro del bloque liberal, y esto allanó el camino para retornar al gobierno. La alianza sería coyuntural y progresivamente se iría apartando a los sectores más reaccionarios para continuar con el legado de la revolución. Algo que no sucedió.

Regreso al poder

En las elecciones de 2006 Ortega y su vicepresidente Jaime Morales (un exbanquero que había sido dirigente de la Contra) llegaron al poder con el 38% de los votos. Esto supuso que su gobierno tendría que estar basado en el diálogo y la construcción de una base social más amplia, pero las diferencias con los movimientos sociales y la izquierda fueron cada vez más grandes. La base de apoyo al gobierno se amplió con la incorporación de la principal cámara de empresarios COSEP, una alianza que se mantuvo en las elecciones de 2011 y en las de 2016 donde Ortega fue reelegido.

La apertura al capital internacional permitió mantener la macroeconomía ordenada, con inversiones en los sectores agropecuarios y de la construcción, que incluyeron concesiones polémicas como la del canal interoceánico, contra la que se manifestaron sectores ambientales y campesinos. Los créditos petroleros venezolanos fueron una pieza clave y permitieron que, en el segundo país más pobre de América Latina, mediante la implementación de más de 40 programas sociales, se pudieran reducir los índices de pobreza. Además, el nuevo gobierno sandinista devolvió derechos básicos como la gratuidad de la salud y la educación.

El rechazo a la reforma de la seguridad social fue en primer lugar encabezado por los ciudadanos, pero inmediatamente se plegó el empresariado y luego la Iglesia en un intento por despegarse del gobierno. Los pactos por derecha y el exceso de pragmatismo como sostén principal de la gobernabilidad, parecen haberse fragmentado, y Ortega ha quedado sólo en su laberinto.

La magnitud de los hechos tomó por sorpresa a la comunidad internacional, pero la pérdida de contrapesos institucionales, la ruptura del diálogo con las fuerzas sociales y políticas que proponen una refundación y renovación del sandinismo y el abstencionismo en los dos últimos procesos electorales 2016/2017 hacen pensar que la explosión de las tensiones acumuladas era en algún modo previsible.

La dinámica de los acontecimientos, que siempre puede cambiar, nos deja muchos interrogantes y pocas respuestas. Los escenarios que pueden abrirse son variados e inciertos. Pero las preguntas acerca de los factores internos de la crisis no pueden soslayarse. En todo caso la injerencia exterior, como lo ha hecho en la región a lo largo de la historia, aprovecha las debilidades y las contradicciones de los procesos políticos. La flexibilidad-o no- que los actores involucrados tengan a la hora de sentarse en una verdadera mesa de diálogo, ayudarán a despejar estas dudas.