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05 de noviembre 2016

Luis Diego Fernández

PROP 60: LA BATALLA DE LOS CONDONES

Tiempo de lectura: 5 minutos

El debate sobre el uso obligatorio de preservativos en las prácticas sexuales de películas para adultos comenzó en 2012. En aquella elección los votantes del Estado de California aprobaron la medida que hacía imperativo el uso de profilácticos en los sets de filmación. Esto originó una demanda legal de la productora Vivid Entertainment (uno de los jugadores principales) que obstruyó su operatividad y nunca terminó por implementarse. La normativa, actualmente llamada de manera abreviada “Prop. 60”, será nuevamente puesta a consideración de los electores californianos el próximo 8 de noviembre en las elecciones presidenciales. Quién se encuentra detrás de la campaña de “Prop. 60” es Michael Weinstein, multimillonario Presidente de AIDS Healthcare Foundation, quién a la fecha ha gastado casi cinco millones de dólares para lograr la inclusión de la medida en la boleta.

¿Cuáles serían las consecuencias de aprobarse “Prop. 60” en el Estado de California? No se trata solo del uso obligatorio de preservativos en las escenas rodadas sino de la aplicación de una regulación que implica consecuencias que tendrán efectos negativos en la economía californiana y en las libertades individuales. Vale aclarar que “Prop. 60” no requiere que el condón se vea en el producto final (puede ser borrado mediante técnicas digitales), pero sí es exigido que pueda probarse que fue utilizado, obliga a que los productores de dichos filmes obtengan una licencia de la División de Seguridad y Salubridad Ocupacional de California y contacten a la agencia cada vez que realicen una película. Es decir, implica una mayor burocratización.

El Comité de defensa de los actores de entretenimiento para adultos (APAC) se opone a “Prop. 60” valiéndose de argumentos más extensos que el impacto económico y burocrático en la producción, plantean que de efectivizarse la medida se legalizará el acoso y la estigmatización a los trabajadores sexuales, alimentando la “industria de la demanda” al someterlos a juicios costosos y afectando su privacidad (una clausula plantea que las productoras deben revelar los verdaderos nombres, datos personales y resultados de los tests de salud de los performers). En líneas generales, de implementarse “Prop. 60” el trabajo en la industria pornográfica en lugar de tornarse más seguro se precarizará. La industria condicionada sostiene que con las normas de seguridad e higiene ejecutadas por las compañías no se ha reportado ningún caso de contagio de HIV y otras ETS en sets de filmación desde 2004 (un 100% de efectividad). Para ello los actores de filmes para adultos deben someterse a exámenes de enfermedades de transmisión sexual cada 14 días. Si el testeo de uno da positivo se lo retira automáticamente de los sets y se comunica a todas las otras compañías.

de implementarse “Prop. 60” el trabajo en la industria pornográfica en lugar de tornarse más seguro se precarizará

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No solo la industria pornográfica en su conjunto se opone a “Prop. 60” sino un conglomerado de organizaciones civiles, sociales, políticas y medios, a saber: los partidos demócrata, republicano y libertario de California, la Coalición para la libertad de expresión, el Centro legal de transgénero, Los Angeles LGBT Center, el Proyecto AIDS de Los Angeles, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times, Los Angeles Daily News, entre otros.

Un elemento adicional que argumentan los opositores a “Prop. 60” es que ésta alejará de Los Angeles a la millonaria industria de filmes para adultos, o para peor, volverá a generar una industria negra y clandestina sin pautas de salubridad ni controles de ningún tipo. Muchos productores de hecho ya evalúan mudarse a Nevada de aprobarse la medida. Las Vegas les garantiza operar por fuera de esta normativa y el adicional de contar con la prostitución legalizada (desde 1971): otra fuente de trabajo sexual para performers. Por otra parte, de implementarse “Prop. 60” costará a los contribuyentes millones de dólares para efectivizarse al mismo tiempo que implicará desviar recursos de otros programas de sanidad y educación.

Una de las claves que plantea esta polémica, y que sostienen los opositores a “Prop. 60”, es que el asunto de la sanidad laboral de una industria particular no debería decidirse por votación sino que debe ser un asunto de auto-regulación de los involucrados en la industria.

¿Qué dilema plantea esta querella de los condones en California? En gran medida la intervención del Estado en las pautas de trabajo de una industria, esto es, ejercer una coerción normativa que atenta fuertemente contra las libertades individuales e impacta de modo significativo en la economía de los emprendedores del cine para adultos, por ende, en la economía californiana. Los productores XXX, que conocen su negocio, dicen que las películas con preservativos son las menos vistas , precisamente un elemento central del mercado del deseo consiste en la transgresión, la creatividad, la inventiva e incluso el riesgo; es decir, una práctica sexual en un set no tiene nada que ver con una práctica sexual en nuestra intimidad. La estetización de los actos sexuales es un ingrediente capital del arte pornográfico: apela a una economía deseante que no se ve cotidianamente. En esta dirección, las nuevas tendencias marcan que el consumidor requiere material cada vez más hardcore y extremo. “Prop. 60” atenta precisamente contra lo que lo que el consumidor demanda, es decir, contra el negocio.

Los productores XXX dicen que las películas con preservativos son las menos vistas

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En 1970 el psiquiatra liberal Thomas Szasz publicó Ideología y enfermedad mental, un texto en el cual realiza una minuciosa analítica de los componentes ideológicos que atraviesan las prácticas de medicalización y patologización de determinadas conductas llamadas “anormales”. Allí da cuenta de la injerencia de las instituciones en determinadas prácticas consideradas “insanas”, así como en el poder psiquiátrico que realiza internaciones contra la voluntad de los implicados. Esta conexión entre ideología e locura es algo que Szasz ve de modo patente en casos como el consumo de drogas y las prácticas sexuales “anormales”. La psiquiatrización de asuntos personales y de placeres particulares de cada individuo implica el despliegue de una burocracia que pretende “cuidarnos de nosotros mismos” privándonos del derecho más elemental: el de hacer uso de nuestro propio cuerpo. En este planteo existe una clara conexión entre la anti-psiquiatría de Szasz y la búsqueda de Foucault a fines de la década del setenta de una gubernamentalidad no disciplinaria: el neoliberalismo.

Prop. 60” interfiere en la auto-regulación y en las pautas de control de autoimpuestas

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Se puede leer el caso de “Prop. 60” como una normativa que interfiere en la auto-regulación y en las pautas de control de autoimpuestas (con efectividad probada) de determinado sector. En este aspecto, una iniciativa que vaya en esta dirección alimenta lo que Szasz llama “ideología de la salud mental” que pretende contribuir a una “sociedad sana” vulnerando las elecciones individuales en pos de una “sociedad bien integrada”:

¿Y quién ha de decidir cuál es la conducta bien integrada? ¿Casarse a los 18 años, tener más hijos de los que uno puede criar como corresponde? ¿Y quién contribuye más a la sociedad: el fabricante de whisky o el que aplica la Ley Seca? ¿El que participa en una manifestación en favor del desarme o el científico nuclear? Mi tesis es simplemente que cualquier tipo de plan para alcanzar una “sociedad sana” nos enfrenta con problemas morales fundamentales relativos a la calidad de la vida humana. Tratar de resolver dichos problemas recurriendo a la ideología de la salud mental es a la vez ingenuo y peligroso.

El liberalismo libertario de Szasz, en línea con las políticas anti-punitivas de pensadores de la Escuela de Chicago como Milton Friedman y Gary S. Becker, corresponde a un marco teórico que el economista anarco-capitalista Murray N. Rothbard llamaba “crímenes sin víctimas”, esto es, toda práctica que no violenta ni atenta contra un tercero y que eventualmente puede causar daño a la vida del implicado en esta acción no puede ser sometida a castigo alguno. Penalizar conductas donde no hay víctimas y obstruir industrias como la pornográfica solo alimenta mayores peligros, favorece el desarrollo de mercados negros y genera efectos inversos a los buscados. El 8 de noviembre sabremos si la meca del mercado del deseo sigue siendo Los Angeles.

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