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“Los impuestos nos están matando a los argentinos” dijo el presidente Macri el pasado miércoles 12 de julio, en referencia a la promesa de una reforma tributaria. Un punto prioritario de dicha reforma será la creación de empleo, a través de una reducción en los aportes y contribuciones para la seguridad social. Para el Gobierno el problema del desempleo (estancado en torno al 9%) y la informalidad laboral (que supera actualmente al 30% de la población asalariada) está vinculado con las elevadas cargas patronales que pagan las empresas en nuestro país.

Hay una extensa literatura que desmiente esa posición, aún desde las lugares más ortodoxos de la literatura especializada: cualquier testeo econométrico mostrará que si no existen perspectivas de crecimiento en una economía, las empresas no invertirán y tampoco contratarán más mano de obra. Es irresponsable emprender una pelea contra el desempleo tomando la espada de los costos laborales cabalgando sobre una economía estancada.

Pero la reforma será tratada en el Congreso luego de los comicios legislativos de octubre, según advierten desde el Gobierno, la reforma laboral sancionada el 13 de julio en Brasil aceleró los planes y habrían empezado las negociaciones con dirigentes sindicales y empresariales. Temen una pérdida de competitividad pero reconocen que el proyecto brasilero es muy extremo. Aclaran que en Argentina la reforma se aprobará por “consenso y diálogo”.

Antecedentes: Reforma laboral en Brasil un mes atrás

El ex vice-presidente de Dilma Rousseff, encargado junto con el entonces presidente del Senado de iniciar el juicio político que destituyó a la mandataria de su cargo en abril de 2015; el actual presidente de Brasil, Michel Temer, ya sin su aliado en el Senado (Eduardo Cunha, apartado de su función por denuncias de corrupción en mayo de 2016) pero con ostentoso apoyo en el Congreso (en parte por el sostén que consiguió entre los grupos de medios y negocios más poderosos del país), firmó el pasado jueves 13 de julio la Ley 13.469, que había sido aprobada por la Cámara baja en abril y por el Senado dos días antes, sin modificación alguna. La Ley modifica 115 artículos del Convenio de Leyes Laborales: endurece las condiciones de trabajo, “flexibiliza” los términos de contratación y despidos y otorga mayor valor legal a los acuerdos en las empresas ante los convenios colectivos sectoriales.

En la práctica esta normativa que empezará a regir en cuatro meses implica agarrar el álbum de fotos que recuerdan las históricas peleas de la clase obrera por no perder derechos ante la avanzada del capitalismo y tirarle el agua de un florero. Las instituciones están para romperlas, pero por un deseo de “evolución”, no para restaurar sistemas de trabajo del Siglo XIX en el Siglo XXI. Estos son algunos puntos salientes de la Ley:

• Los acuerdos en las empresas prevalecerán sobre las disposiciones legales colectivas en temas como el fraccionamiento de las vacaciones (con un máximo de tres veces) y la duración de pausas (a condición que sean de al menos 30 minutos).

• Quedan fuera del área de negociación: el salario mínimo, el aguinaldo, los aportes al FGTS (un fondo de garantía que el empleado recupera en caso de despido), la licencia de maternidad de 120 días, la prima de 50% por horas extras y las normas de seguridad.

• Se estipula la creación de comisiones de representantes no sindicales para negociar las condiciones laborales con la empresa.

• En el caso despidos colectivos no se requerirá homologación sindical y se desvincula el monto de las indemnizaciones respecto del valor del salario del trabajador.

• Se establece la posibilidad de una jornada de 12 horas de trabajo, con 36 horas ininterrumpidas de descanso (podría requerirse aprobación colectiva para modificar la jornada).

• Se eleva la jornada máxima de trabajo a tiempo parcial de 25 a 30 hs semanales, más horas extras sin establecer garantía de pago de salario mínimo. Se reduce el período de tiempo de almuerzo de 1 hora a 30 minutos y elimina el derecho a extras por movilidad.

• Los salarios podrán ser pautados sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual (una de las medidas más polémicas). El empleador convocará al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo. Fuera de ese periodo, el trabajador no estará a disposición de esa empresa.

• La ley crea la figura del trabajador autónomo exclusivo o monotributista dependiente, que podrá prestar servicios a un único empleador pero sin vínculo laboral permanente (el trabajador permanece a disposición del empleador sin contraprestación laboral y solo recibe remuneración por el período de prestación de servicios, sin garantía de salario mínimo ni de horas de trabajo).

• El aporte sindical dejará de ser obligatorio.

• Se pauta el apartamiento de mujeres embarazadas o con niños lactantes sólo en trabajos considerados insalubres en grado máximo. En trabajos insalubres en grado medio o mínimo, la mujer podrá presentar un certificado médico que permita su continuidad.

• Se restringe el acceso a la Justicia Laboral: los trabajadores que ganan más de R$ 2.200 (U$D 600) deberán probar la imposibilidad de costear una demanda para tener el beneficio de acceso a la justicia gratuita.

• Se amplía la posibilidad de tercerización laboral, que alcanzará a la actividad principal del establecimiento.

Hablar de competitividad y mantener la coherencia con la política macroeconómica

La Ley brasilera es funesta y sin dudas tendrá implicancias para Argentina: nos obligará a discutir sobre competitividad. Dicho concepto es amplio, incluye a los costos laborales y al costo de los insumos, a la productividad del trabajo y del capital (bajo la forma de maquinaria u otros procesos tecnológicos), incluye obviamente la paridad cambiaria. A su vez, la estructura de costos de cada sector de la actividad económica es completamente disímil: algunas ramas productivas son intensivas en mano de obra, otras en capital y otras en agroquímicos.

Teniendo esto en cuenta, para empezar, discutir competitividad implica hablar de tipo de cambio. La paridad que enfrenta una empresa que compra insumos o maquinaria en el extranjero para abastecer a la industria local no puede ser la misma que la de otra empresa que importa bienes directamente para su reventa en el mercado interno (es posible abaratar los costos de la industria al tiempo que se promueve la sustitución de algunas importaciones por producción local). Por otro lado, el tipo de cambio que recibe un exportador agropecuario tampoco debe ser el mismo que recibe un empresario que quiera vender manufacturas no tradicionales al exterior. La política cambiaria debe pensarse como una política de industrialización selectiva tal como ocurrió en tantos casos de países de “desarrollo tardío”.

A su vez, en economías como la argentina donde el entramado industrial es muy dependiente de las importaciones (bajo la forma de insumos y maquinaria) y el perfil exportador, por su parte, es intensivo en productos primarios y agroindustriales (con fuerte incidencia en la canasta de consumo de la población), toda política cambiaria es también una política de precios. Una devaluación que mejore la competitividad de sectores industriales rezagados en el mercado internacional no se trasladará a precios con la misma intensidad que un regalo cambiario para el sector agroexportador como la quita de retenciones.

Por otro lado, discutir competitividad es también hablar de políticas industriales coherentes con el esquema macroeconómico general. Por ejemplo, el diseño de medidas de estímulo basadas en subsidios y exenciones tarifarias necesariamente contrariará la imperiosa necesidad de achicar el déficit fiscal en un punto porcentual por año, como manifiesta Dujovne. Medidas de estímulo a la industria con metas, como le gusta al Gobierno, libres de prácticas corruptas, que identifiquen beneficiarios dignos, que acarreen mejoras tecnológicas en los procesos productivos, etc. todas ellas requieren mayores erogaciones fiscales.

Otro ejemplo: proveer fuentes de financiamiento, en volúmenes importantes, que permitan costear mejoras de productividad en las pequeñas y medianas empresas (que no pueden emitir deuda en el mercado de capitales) supone la creación de líneas de préstamos diferenciados con tasas subsidiadas difíciles de encontrar en el menú de la oferta liberal de créditos del sector bancario privado.

El Estado deberá intervenir o lo pagan los trabajadores (no la pagan los capitalistas).

Posibles modificaciones en la normativa local ¿y respaldo político?

A poco tiempo de la sanción de la reforma laboral en Brasil y con la visita del presidente Temer a la Argentina, la CGT emitió un comunicado en repudio a la nueva Ley donde acusaban al mandatario de ser un “presidente ilegítimo” que llegó al poder a través de un “golpe de estado” en complicidad con “fuerzas políticas, empresariales y sociales reaccionarias”. Alertaban también sobre el retroceso en términos de los derechos históricos ganados por la clase trabajadora que implicaba la reforma.

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, por su parte, sostuvo en una conversación radial el 19 de julio que no observaba “creación de empleo” y que esperaba una reforma tributaria “que sea inteligente” y una laboral que trabaje “sobre los costos de producción” (un término más amplio que el costo laboral).

En tanto, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, declaró en una entrevista radial del 4 de agosto que la reforma brasilera no es el “espejo” que le corresponda a la Argentina y focalizó en los problemas de informalidad que enfrentan 4,5 millones de personas. “En esa preocupación estamos, en el blanqueo laboral y en buscar procesos de formación que nos adecuen a los cambios tecnológicos que se vienen”.

Si existe un proyecto de reforma redactado por el Gobierno y dado a conocer entre los principales actores políticos involucrados, se sabe poco de este. Según informaron algunos diarios, incluiría estos puntos:

• La incorporación de la figura del trabajador autónomo exclusivo y del “teletrabajo” con la imposibilidad del cobro de horas extras. Cabe notar que el “teletrabajo” ya existe en Argentina, es el trabajo freelance o que se realiza a distancia desde una computadora, en el hogar o en centros de coworking.

• La eliminación de aportes “específicos” a sindicatos y cámaras empresarias que hoy están incluidos en los convenios colectivos. Reforma del sistema de ART: reducción de alícuotas y otras cargas sociales según rama de actividad.

• Una revisión del sistema de salud (fundamentalmente obras sociales sindicales) para “mejorar la calidad” y el aumento del apoyo fiscal para alentar la contratación de nuevos trabajadores.

• La creación de una agencia tripartita destinada a implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación.

En los últimos días los funcionarios fueron suavizando sus declaraciones sobre la potencial reforma laboral en Argentina, de todos modos la discusión está abierta y reverberará a fin de año. La coyuntura política local luce muy diferente que la brasilera para impulsar modificaciones tan radicales, y difícilmente el Gobierno consiga ampliar su margen de maniobra en el Congreso después de octubre. Más aún la relación de fuerzas en la calle para aprobar un proyecto semejante es poco favorable al macrismo.

La economía no crece, los “brotes verdes” que disfruta difundir la prensa responden más bien a fenómenos coyunturales (la obra pública en períodos electorales y un repunte de la producción automotriz que todavía opera en niveles de crisis) que a un ciclo de recuperación económica en ciernes. La clase trabajadora argentina puede dividirse en tres grupos: la sindicalizada, los autónomos o freelance (que realizan tareas de alto valor agregado, perciben salarios horarios y no tienen un puesto fijo de trabajo) y los trabajadores de la economía popular (aquellos excluidos del sistema, que organizan sus tareas en economías familiares y condiciones artesanales o de subsistencia). Ninguno de ellos quiere ceder derechos.