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Quizá no se haya roto, pero el relativo consenso que venía mostrando la sociedad argentina (sobre todo sus dirigentes) se resquebrajó al menos un poco a raíz del conflicto entre Alberto Fernández y Paolo Rocca (CEO y principal accionista de Techint), y los subsiguientes cacerolazos, fomentados por el ala dura del PRO, pidiendo que “los políticos” se rebajen el salario. Según algunos medios, esta fractura (para no hablar de grieta) no habría sido causada por la decisión de Techint de despedir a casi 1500 trabajadores en plena cuarentena (es decir, cuando resulta imposible buscar otro trabajo de la misma naturaleza), sino por una frase del presidente: “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden.” Aparentemente un tuit es más grave que dejar a 1500 personas en la calle.

Aunque ya pasaron varios días desde el episodio, la continuidad de la cuarentena (y de la crisis desatada por ella) hace prever que el conflicto se profundice. Porque la discusión, por supuesto, no se reduce a la trivialidad de si el presidente insultó o no a “los empresarios”, sino que pasa por quién va a pagar el costo (social, económico, político) de la pandemia. Los despidos, anunciados cuando la cuarentena llevaba una semana, encierran un mensaje y una advertencia: yo (Rocca), nosotros (Techint, los grandes grupos empresarios) no vamos a pagar los platos rotos. La pandemia puede suspender la vida normal, poner en entredicho la libertad de tránsito, pero hay algo más sagrado que no se toca: las ganancias. El Estado puede perder plata, los trabajadores pueden perder plata, pero nosotros no vamos a perder plata.

Este mensaje, no muy sutil, fue lo que motivó la respuesta del presidente y lo llevó a duplicar la apuesta cuando, dos días después, al inaugurar un sanatorio junto a Hugo Moyano, quien puso sus trescientas camas a disposición del gobierno provincial, calificó de “inmenso” al líder camionero. La mesa (y el conflicto de clases) estaba servida: pocas cosas deben resultarles más placenteras a ciertos periodistas que ensalzar a un empresario y vituperar a un líder sindical, incluso cuando ese empresario despide gente (con el agravante de que Rocca posee la mayor fortuna del país) y ese líder sindical cede el sanatorio de su gremio para atender una pandemia. No se trata de hacer una apología de Moyano, ni de pretender que sea un dirigente impoluto (suponiendo que haya semejante cosa); se trata de subrayar las representaciones tan dispares que rodean a empresas y sindicatos o, incluso, entre las grandes empresas y todos los demás actores sociales.

La hegemonía es la capacidad de la clase dominante por imponer sus intereses particulares, de modo que aparecen como los intereses generales de toda la sociedad. En una sociedad capitalista esto implica que los intereses de los empresarios (sobre todo de los sectores más concentrados del capital) son los de toda la sociedad: el principio de la maximización de la ganancia permite justificar cualquier cosa. Rocca puede admitir públicamente que pagó sobornos sin que nadie lo trate de delincuente o mafioso; Rocca puede despedir a quien quiera porque ese es el comportamiento tolerado (o incluso esperado) en un empresario. No importa si eso perjudica al resto de la sociedad porque (se supone) la prosperidad de Techint es, a largo plazo, la de la sociedad toda. Carlos Pagni, en una columna reciente, ilustró esto con una frase de Churchill: “muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir; otros lo miran como a la vaca que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.

La historia argentina reciente, sin embargo, parece desmentir una visión tan virtuosa del gran empresariado. Después de todo, el estancamiento y retroceso relativo de la economía nacional tienen su origen, como han demostrado Daniel Azpiazu y otros economistas, en las reformas económicas de Martínez de Hoz que, impuestas por el Proceso a sangre y fuego, dieron paso a un modelo económico de ajuste estructural y valorización financiera. Las consecuencias de este modelo (que el gobierno de Alfonsín no pudo o no quiso revertir, y el de Menem profundizó) son conocidas: desindustrialización, precarización laboral, disminución del salario real, pauperización de la clase trabajadora, aumento sostenido de la pobreza estructural.

Los grandes grupos empresarios (Techint entre ellos) fueron los principales impulsores y beneficiarios de este modelo. Su crecimiento no vino por arte de magia, ni por la mano invisible del mercado, sino que fue consecuencia directa de los medidas concretas tomadas por gobiernos sucesivos, y que incluyeron la estatización de la deuda privada, el establecimiento de regímenes impositivos especiales, la privatización a precio vil de empresas públicas, etc., todas las cuales constituyeron transferencias de recursos del ámbito público al privado. El país entero contribuyó al patrimonio de Techint (y Socma, y Pérez Companc…) tanto como al de YPF, pero las ganancias no fueron para el país. Durante muchos años los “caballos” se sentaron en la parte de atrás del carro, sin moverse, mientras la sociedad entera les daba de comer.

Al hablar de la “decadencia argentina” no se menciona (o no suficiente) como principales culpables a los que más lucraron con ella. Cuando el ministro Grinspun quiso impulsar, en el primer año del gobierno de Alfonsín, un plan económico más generoso con los sectores populares, fueron los capitales más concentrados los que respondieron con condicionamientos y medidas de presión. Renunció Grinspun, asumió Sourrouille y empezaron a implementarse medidas económicas más acordes a sus intereses y que condujeron a la hiperinflación, pero al recordar los obstáculos que enfrentó Alfonsín se habla más de Ubaldini y los trece paros generales que del sabotaje realizado por los sectores más concentrados del capital. Se vitupera a los políticos, a los sindicalistas y a otros líderes sociales, pero Rocca y los suyos permanecen ocultos, bajo un manto de invisibilidad e impunidad.

Desde 1976 los grandes capitales ganaron casi todas las batallas, e incluso las modestas victorias que les arrancaron los gobiernos kirchneristas fueron en gran parte deshechas en los cuatro años de desgobierno de Macri (con la virtual anulación por decreto de la Ley de Medios como ejemplo más claro). El mensaje de Rocca es claro: no podemos contar, aun en medio de una crisis sin precedentes, con que el gran empresariado ponga su parte, porque ellos están para cobrar, no para pagar. Resta ver si, en estos tiempos extraordinarios, es posible sacarlos a la luz y torcerles el brazo, o si sigue rigiendo la ley tácita según la cual Rocca y los suyos ganan siempre sin importar quién está en el gobierno, qué es lo que pasa en el país.