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El domingo 7 de julio de 2016 algunos miles de personas se concentraron en Batman. La manifestación, en nombre de la democracia, reclamaba en un tono entre la desazón y el ultimátum, la urgente reapertura del proceso de paz entre el gobierno turco y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, la organización armada que opera en nombre de los derechos de la población kurda de Turquía.

En Estambul, al otro extremo del país, el presidente Recep Tayyip Erdoğan encabezaba una manifestación, nominalmente consagrada a idénticas banderas, la democracia y repudio al golpe. Concurrida por entre uno y tres millones de personas, participaron tres de los cuatro partidos representados en el parlamento. Sin emblemas partidarios, según la consigna, millones de camisetas rojas, entre banderas turcas, e incluso algunas banderas azeríes, bosnias y turcochipriotas, convivían imágenes del presidente islamista y el fundador de la República laica, Mustafá Kemal Atatürk.

Al clima de unidad de Estambul, inédito en la última década, faltaban sin embargo las coloridas banderas del movimiento kurdo que flameaban en Batman. El Partido Democrático del Pueblo (HDP), que representa abrumadoramente a la población de ese origen, fue el único con presencia parlamentaria en no ser invitado. Entre quienes se dirigieron a la multitud en el gran mitin democrático en la ciudad central, en cambio, sí estuvo el líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP), uno de los pocos en el mundo a los que cabe realmente el calificativo de fascista.Es que, aún en un contexto de purga de las fuerzas armadas, ninguna señal esperanzadora alcanzó el conflicto kurdo.

La represión contra la población kurda, su lengua y su identidad fue una política de estado desde la fundación de la República, cuando Mustafa Kemal aplastara los levantamientos en que los jefes tribales kurdos se rebelaron contra la abolición del califato, las leyes de occidentalización y turquificación de la población. La lengua kurda fue prohibida, su identidad negada. El Estado se embarcó en una persecución que se prolongaría durante las décadas subsiguientes, alcanzando un pico con el gobierno militar, entre 1980 y 1982. En ese contexto, en el año 1984, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización nacida marxista y hoy devenida autonomista, cometió su primer atentado importante contra las fuerzas de seguridad.

El enfrentamiento entre el PKK y el gobierno turco se extendió a lo largo de esa década y la siguiente, con un saldo de decenas de miles de muertos, normalizando del estado de excepción en las aglomeraciones de mayoría kurda y generando una migración masiva desde esas regiones hacia el oeste, principalmente Estambul. Del lado del PKK, aún cuando su blanco principal fueron las fuerzas de seguridad turcas, los ataques nunca fueron constreñidos por la posibilidad de que se produjeran víctimas civiles.

El nacionalismo y el laicismo fueron las vacas sagradas que justificaron la represión bajo el orden kemalista, y en su nombre fueron perseguidos tanto movimientos de base religiosa como la minoría kurda. La llegada al poder en 2002 de Recep Tayyip Erdoğan, y su inicial prédica islamista democrática, permitían pensar en un orden pos kemalista que planteara una aproximación distinta a la problemática.

A lo largo de su primera década en el poder, el gobierno islamista turco emprendió un exacerbado enfrentamiento retórico con aquellos elementos que representaban al “antiguo régimen” y un proceso gradual pero sostenido de ruptura con los pilares del establishment laicista civil y la tutela militar.

La burocracia estatal, que durante décadas había sido territorio laico, comenzó a ser ocupada por religiosos. Ante la carencia de cuadros propios, el AKP apeló al poderoso movimiento encabezado por el clérigo Fethullah Gülen, una comunidad foumada en el secretismo, de amplio desarrollo en el ámbito educativo y de los negocios, para ocupar aquellos lugares. A partir de ese acuerdo, el crecimiento político del AKP generó un paralelo crecimiento del grupo de Gülen en los sitios no electivos del Estado, particularmente la policía, la justicia y, según sabemos ahora, también el ejército. La alianza estratégica entre la poderosa cofradía del clérigo autoexiliado en los Estados Unidos y el partido gobernante, permitió a ambos grupos acrecentar su poder durante más de una década, valiéndose a menudo acusaciones judiciales y operaciones de prensa contra enemigos políticos, muchas de ellas basadas pruebas falsificadas.

Durante los primeros años del AKP, la aproximación a la problemática kurda apenas conoció algunas concesiones menores, en el marco de un proceso de liberalización y acercamiento a la Unión Europea, tales como la autorización de canales y radios en lenguaje kurdo, sin afectar la base del enfrentamiento.

Sin embargo, la reforma constitucional de 2007, por la que se habilitó la elección directa del presidente a partir de 2014, modificó la ecuación electoral para Erdoğan. Con la perspectiva de ser electo presidente y, dados los pasos posteriores que hoy conocemos, dirigidos a adoptar un sistema presidencialista con un vasto poder ejecutivo, intentaría ampliar su base de apoyo entre la población kurda, impulsando un proceso que pusiera fin al conflicto armado y atrajera hacia el AKP a un electorado que percibían alcanzable, dada su mayor religiosidad respecto del promedio nacional.

Si nunca quedaron claros los motivos por los cuáles Erdoğan y Gülen pasaron de la asociación estratégica al enfrentamiento frontal, hay elementos para inferir que este cambio de enfoque resultó un disparador de importancia. A pesar de que, por su naturaleza opaca, es difícil atribuirle acciones, hay claros indicios de que el grupo de Gülen utilizó su enorme influencia en el Estado para sabotear el proceso de paz.

En el año 2009, tras la declaración del presidente Abdullah Gul de que iban a suceder “cosas buenas” respecto del conflicto, y tras un cese del fuego declarado por el PKK, un grupo de fiscales e investigadores policiales inició un megaproceso contra la Unión de Comunidades del Kurdistán, paraguas político del PKK, deteniendo a numerosas figuras ligadas a esa organización, así como políticos y otras personas públicas que abogaban por una solución negociada, bajo la acusación, curiosa, de que los dirigentes pretendían crear un “estado paralelo”. Con aquellas acciones, fue retrasado el inicio del proceso.

En febrero de 2012, un fiscal intentó cuestionar la actuación de la inteligencia turca, y llevar a numerosos funcionarios ante la justicia, por entablar negociaciones secretas con el PKK. Las acusaciones fueron replicadas en la prensa ligada a Gülen, motivando un conflicto de alto perfil con el jefe de la inteligencia nacional, Hakan Fidan. Esta vez, sin embargo, el gobierno cerró filas con Fidan, y el proceso siguió su camino.

El 28 de diciembre de 2012, Erdoğan hizo públicas las negociaciones de paz. El 21 de marzo de 2013, en una carta pública, el líder encarcelado del PKK, Abdullah Ocalan, llamó a silenciar las armas. En diciembre de ese mismo año, una operación judicial difundida en la prensa gulenista, exponía la corrupción de altos funcionarios gubernamentales y hacía pública la ruptura entre Gülen y el AKP.

El proceso de paz, con el alto al fuego vigente, abría la perspectiva histórica de terminar para siempre con el conflicto. La tranquilidad alcanzó por primera vez en décadas a una región de emergencias constantes y millones de desplazados. La expectativa de una solución definitiva hizo crecer la confianza de los kurdos en el proceso electoral. En las elecciones presidenciales de 2014, el HDP, un frente de grupos de izquierda con eje en la representación política de los kurdos, alcanzaría casi el diez por ciento de los votos nacionales, ganando las provincias del sudeste, mientras Erdoğan pasaba de Primer Ministro a Presidente, con más del 50% de los votos.

Muy poco tiempo después, sin embargo, los límites del proceso de paz quedaron expuestos.

La ciudad siria de Kobane, de mayoría kurda, se encontraba sitiada por el Estado Islámico. La probable caída de la ciudad a manos del grupo extremista hacía temer por una masacre contra el pueblo. Contingentes de kurdos de origen turco intentaron cruzar para combatir junto sus connacionales sirios. El gobierno de Erdoğan bloqueó el paso, una actitud que contrastó con la leniencia percibida respecto de grupos jihadistas sunnitas enfrentados a Bashr Al Assad, y generó protestas masivas en las ciudades kurdas. La represión de las protestas dejó un saldo de más de treinta muertos.

Aún así, el proceso de paz sobrevivió hasta las elecciones de junio de 2015, en las que el HDP obtuvo un 12,5% de los votos, y resultados plebiscitarios en las principales ciudades kurdas, ingresando al parlamento por primera vez, tras superar el umbral nacional del 10%. Dotados de una verdadera representación política, el movimiento kurdo podía pensar en una reconversión de las armas a las urnas.

Sin embargo, la entrada del HDP al parlamento significó, para el AKP, la pérdida de su mayoría absoluta y, para Erdoğan, un límite a las ambiciones de reforma constitucional.

Nuevamente, el accionar del Estado Islámico daría excusa a la ruptura de las negociaciones de paz. En julio de 2015 un atentado suicida contra un grupo de jóvenes voluntarios que llevaban provisiones y juguetes para Kobane dejó una treintena de muertos. El PKK cuestionó públicamente la actuación del gobierno turco, y en un hecho que primero se atribuyó y de cuya autoría luego se desdijo, fueron asesinados dos soldados.

El gobierno dio por finalizado el proceso de paz y lanzó una operación de gran escala que incluyó bombardeos en las montañas de Kandil (en suelo iraquí, refugio principal del PKK) que, a su vez, fue respondida por una ola de atentados contra policías y militares.

Tras fracasar electoralmente sosteniendo un acuerdo de paz, Erdoğan apostó decididamente al nacionalismo. En un contexto de guerra abierta, el AKP recuperó la mayoría parlamentaria en las elecciones de noviembre de 2015.

 

En marzo de este año, el diario oficialista Sabah exaltaba el accionar del General Hadem Huduti en la lucha contra el PKK. El sudeste turco se encontraba ocupado por su propio ejército, que había extendido la guerra, de las montañas iraquíes a su propio país.

Entre denuncias de violaciones masivas a los Derechos Humanos, la intervención militar se reclamaba justificada en el accionar de los grupos armados kurdos, que causaron la muerte de decenas de civiles y cientos de miembros de las fuerzas de seguridad tanto en el sudeste como en Ankara y Estambul. Sin espacio para posiciones intermedias, académicos, representantes políticos y cualquiera que se apartara del discurso oficial se convirtió en sospechoso de terrorismo y objeto de persecución legal y mediática. La dirigencia del HDP padece desde entonces la pérdida de su inmunidad parlamentaria.

En este contexto de crisis se produjo el intento de golpe de estado del 15 de julio. El general Huduti, como muchos otros protagonistas del sitio a las ciudades kurdas, se encuentra detenido, acusado de actividad golpista como integrante de la organización de Gülen.

Aquel día en Batman, Selhattin Demirtas, líder del HDP, dijo en su discurso que la ofensiva militar en el sudeste, con el refuerzo del poder y autonomía de los uniformados, era partera involuntaria del intento de golpe de estado de julio. Dijo también que la reapertura del proceso de paz era la única garantía de mantenimiento de la democracia.

Avertido el riesgo de golpe de estado tras la extraordinaria movilización popular, la democracia turca enflaquece día a día. La ambición de Erdoğan de una presidencia sin otro límite o contrapeso que el voto popular requiere enemigos constantes, múltiples y poderosos. Gülen y sus seguidores, derrotados y deslegitimados, no alcanzan a colmar las necesidades del presidente.

El movimiento kurdo, con su creciente protagonismo en Siria, su sensibilidad para la causa nacionalista y el miedo generado por la actuación del PKK, alimenta fantasmas más verosímiles.

El estado de emergencia dictado tras el intento de golpe se prolonga en forma indefinida. Si en agosto el mayor riesgo era que el grupo de Gülen, de unánimes repudios, se viera sometido a la arbitrariedad inapelable del poder del estado, hoy ningún grupo que plantee disidencias relevantes con el gobierno puede considerarse seguro.

Los despedidos se cuentan de a cientos de miles, y los detenidos por decenas de miles. La casi totalidad de los medios de comunicación en lengua kurda fueron cerrados, mientras cientos permanecen detenidos por razones políticas. La escritora Aşli Erdoğan, el periodista Kadri Gursel y la dirección del HDP, incluyendo al propio Demirtaş, son apenas los más representativos. La autonomía universitaria, la libertad de expresión, y hasta la confidencialidad de la relación entre abogados y acusados fueron suprimidos por decretos de emergencia, en nombre de la lucha contra el terrorismo. Presentándose como garante de la seguridad nacional, y amalgamando los discursos islámico y nacional, Erdoğan cuenta hoy con los apoyos, políticos y populares, para finalmente reformar la Constitución y concentrar en su persona el poder del Estado.

Antes del intento de golpe, la guerra y la paz fueron moneda de cambio en la disputa de dos bandos por el poder del Estado. Derrotado aquel, el paradójico resultado es la rendición del Estado de Derecho ante la voluntad de un sólo hombre.