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Cuando Jorge Bergoglio se hizo Papa, inmediatamente abogó por un nuevo pacto social por las personas y por el trabajo. Consumó un llamado de atención a este mundo tan desigual: “si pensamos en una persona sin trabajo, estamos entonces ante algo parcial, incompleto, porque la persona se realiza en plenitud cuando se convierte en trabajador, trabajadora; porque el individuo se vuelve persona cuando se abre a los demás, a la vida social, cuando florece en el trabajo”. La otra advertencia que hizo es sobre la precarización del trabajo y la falta de humanidad. Es importante insistir que para millones de personas el trabajo ya no es garantía para salir de la pobreza o poder tener una proyección para su futuro. En ese contexto queda muy lejos esa instancia de satisfacción por llevar adelante su vocación.

Hace poco tiempo el empresario Gustavo Grobocopatel expresaba de manera brutal lo que ya viene sucediendo: “hay que permitir que haya sectores que desaparezcan y aparezcan otros”. La economía popular y muchas pymes hace tiempo vienen resistiendo o ya han sufrido lo que expresó este empresario. ¿Deberían desaparecer los agricultores familiares o pequeños chacareros? ¿Deberían desaparecer los panaderos? ¿Deberían desaparecer los pescadores artesanales? ¿Deberían desaparecer las cooperativas ladrilleras? ¿Debería desaparecer el servicio del cuidado de adultos o personas con capacidades diferentes? ¿Es lógico aceptar esa brutalidad.

¿Deben los trabajadores esperar que el Estado genere políticas para que luego las empresas los empleen? ¿Deben los trabajadores aceptar su desaparición? En la primera parte de esta serie sobre Economía Popular decíamos que la “empleabilidad” está siendo jaqueada no solo por la revolución tecnológica, sino también por esta carrera por ser rentables a como dé lugar. Emplear para la mayoría de las empresas ya no es un objetivo primario. Sumado a estos dos problemas de la tecnología y rentabilidad, surge esta idea de que emplear es muy caro. Si a eso le sumamos el típico lamento que los empresarios esgrimen sobre que dar trabajo es más problemático que no darlo, generar políticas para crear empleo sería insuficiente. La “empleabilidad” tal cual la conocemos está sentenciada a muerte. Ni realizando una flexibilización brutal se va a poder sostener lo que a lo largo de muchos años, al calor del industrialismo, empresas, empleo y trabajadores eran una tríada poderosa.

Datos… y opinión

El mundo laboral está en problemas. Las proyecciones de la OIT son terminantes: 1400 millones de trabajadores hoy tienen un trabajo vulnerable, y se estima que en 2019, este dato crecerá en 20 millones. Por otro lado, cerca de 200 millones de personas (cuatro veces y media la población argentina), no tiene acceso a ningún tipo de trabajo o empleo. Los problemas y desafíos que el trabajo tradicional, el empleo formal y las empresas/pymes tal cual las conocemos, están y estarán fuera del nuevo esquema que propone este renovado capitalismo tecnológico y financiero. Por tal motivo, aquellos que venimos estudiando la economía popular decimos que las políticas y quienes piensan soluciones deben entender que estamos ante nuevos desafíos.

Hoy en nuestro país, existen más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras que a pesar de desarrollar una actividad productiva (en el campo de los bienes, servicios o conocimiento) y obtener una paga por ello, no son reconocidos como tales. También decíamos que otra característica importante de estos trabajadores es que en su mayoría brindan su trabajo o servicio en un ámbito de cercanía. Aquí podemos ver con mucha más claridad cómo estos trabajadores cumplen un papel fundamental para cubrir necesidades.

Cuando decimos que hay que pensar políticas de desarrollo comunes, en primer lugar hablamos de crear o integrar ámbitos institucionales que reconozcan estas formas de producción. Ser reconocidos institucionalmente por el Estado. Y no sólo reconocidos como trabajadores, sino también como un sector que produce y brinda servicios. Por estos motivos la economía popular debe ser estudiada en todas sus dimensiones. Ya no alcanza con el reconocimiento solamente. Ser reconocidos implica que el Estado amplíe su mirada sobre cómo generar trabajo. Una de las claves para que esta integración sea real, es respetar los valores productivos y la competitividad que ofrecen sus trabajadores, la cual debe medirse con parámetros acordes a sus características.

El Estado debe llevar adelante una planificación que le permita ir conociendo de forma detallada cómo armar el rompecabeza productivo. Es fundamental entender que todas las piezas son importantes dentro de la cadena de valor. Se debe evitar que se distorsionen los procesos productivos. Más allá de esta planificación, los trabajadores de la economía popular saben muy bien cuáles son sus oportunidades. Saben cómo llegar donde el mercado tradicional no puede. Conocen las amenazas y las resisten diariamente cuando otros actores dominantes se aprovechan de su poder. También saben cuáles son sus debilidades, como la falta de recursos para poder desarrollarse con vitalidad, y su mayor fortaleza, la capacidad de producir con muy poca inversión. Hoy en día el mejor camino para todos los actores parece ser la integración de todas sus partes a esta economía desarticulada.

Un plan con trabajo

Cuando hablamos de ideas concretas, nos referimos a cómo el Estado debe impulsar el trabajo de la economía popular y las pymes con empleo. La vivienda es un tema central, no solo porque existe un déficit de alrededor de 4 millones de viviendas, sino también porque existe una alta capacidad técnica para ocupar trabajadores. Un plan de viviendas e infraestructura no solo debe contemplar la construcción, además es fundamental ir elaborando un mapa socio-económico en paralelo. Argentina tiene un 92% de población urbana, cuando el promedio del mundo es del 50%. El plan de viviendas debe contemplar e integrarse al modelo productivo. Un plan de arraigo con una mirada en la producción de alimentos. Con mercados de proximidad y al mismo tiempo ir pensando a que productos regionales se les puede agregar valor. Este esquema de producción de alimentos también sería de mucha utilidad para zonas cercanas a centros urbanos. Un plan de vivienda debe incluir el mejoramiento de hogares preexistentes, conexión de agua potable, gas, electricidad y cloacas.

Otro instrumento indispensable además de la planificación estatal, es el acceso al financiamiento. En la actualidad solo pueden acceder a tomar créditos en lugares no regulados por el Estado, lo que significa un enorme lastre. Sin dudas contar con esa ayuda les permitiría a estos trabajadores contar con acceso a renovar herramientas, a financiar insumos, a poder ampliar o mejorar talleres, cocinas, locales, etc. También es indispensable abrir los canales necesarios para que estos trabajadores puedan acceder a créditos personales. Hoy ya existen 3 actores importantes que pueden incorporar estas políticas como el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Ciudad. Otra política para impulsar estos trabajos es poder diseñar distintos mecanismos de subsidios que puedan ir desde mejoras impositivas hasta compensaciones por parte del Estado que promuevan esos trabajos.

En los últimos dos años a pesar de las dificultades económicas, demostrando que no es un problema de capacidades, algunas cooperativas del conurbano bonaerense han logrado encarar soluciones de construcción sin ninguna dificultad técnica. Desde 2017 se han llevado adelante soluciones por más de 1500 viviendas. En el barrio de San Jorge de Varela, a fin del año pasado se entregaron 548 viviendas. Pero no solo fue un logro finalizar este primer proyecto, además la misma cooperativa realizó la terminación de una planta de tratamiento de residuos. En paralelo se entregaban las primeras 38 viviendas del barrio La Perla de Moreno. En mayo de este año se comenzó con la entrega de las 104 viviendas de Campana. Durante julio se finalizaron 244 viviendas del segundo convenio del barrio La Perla de Moreno. En la actualidad se encuentran desarrollando 107 mejoramientos en Fiorito, Lomas de Zamora. 122 viviendas en el Barrio Maquinista Savio de Escobar. 156 viviendas en el Barrio San Luis de Varela y 270 viviendas en el Barrio Lindo de Almirante Brown. Bajo este esquema se han generado más de 2600 puestos de trabajo directos e indirectos.

Eliminar los planes sociales generando trabajo

Esta idea de reactivar la economía, no tiene que pensarse como un atenuante, todo lo contrario. Incluir  aspectos como la vivienda, la tierra, el arraigo, el hábitat, migrar el uso de energía tradicional a renovable, políticas verdes, reciclado popular, acceso a los servicios básicos, producción de alimentos saludables, entre otras cosas, son objetivos estructurales.

Por supuesto que todo esto no excluye el acceso al salario social complementario. Es evidente que la creación del salario complementario es de gran ayuda. Esta política que surgió de la Emergencia Social de 2016, había sido pensada como un instrumento capaz de trascender la emergencia. Aún así es un instrumento mejorable.

Este camino que debe tomar el próximo gobierno implica el fin de los planes sociales (hoy en su gran mayoría llevan adelante una contraprestación) para que estos se transformen en políticas vinculadas a un esquema de servicio o desarrollo. Debemos salir por completo del modelo asistencial a uno que genere trabajo. Este esquema también debe pensar nuevos marcos legales. No estaría de más repensar el monotributo social y la cooperativa. Si bien en muchos casos funcionan, es necesario poder pensar nuevos instrumentos legales que sean más representativos de las distintas experiencias asociativas. Es posible pasar del “plan social” al “trabajo con derechos”, garantizar la cobertura de salud y aportes previsionales, poder contar con el salario complementario, que estos trabajadores participen de paritarias. En definitiva que estos trabajadores sean parte de un proyecto de país.