Pocas veces se habló tanto de la economía popular en la Argentina como en los últimos tiempos, aún cuando muchos lo hacen sin saberlo. La situación de los mal llamados “planes sociales” y el rol de las organizaciones o quien centralice su monitoreo parecen ser el centro de la cuestión, pero ¿realmente es solo eso? La madurez que requiere afrontar la situación actual y el futuro del país implica abstraerse de los prejuicios sociales y el ruido mediático para darle la bienvenida a una discusión que será cada vez más recurrente a medida que se profundicen las tendencias vigentes del mercado laboral.
La temática suele dar lugar a una amplísima variedad de interpretaciones: desde la política pública, vinculadas a cómo ejecuta el Estado el presupuesto destinado a programas sociales o a la pregunta -devenida en muletilla- de por qué no mejor fomentar la creación de empleo “genuino”; desde una mirada moral albergada en conceptos como el de “planeros” o “vagos”; y desde una perspectiva más moderna en el campo de la economía y las ciencias sociales relacionada a la discusión del mercado laboral y el futuro del trabajo.
Las preguntas que requiere un abordaje más interesante tienen que ver con cómo puede convivir 7% de desocupación con 37% de pobreza, o por qué el salario promedio del sector privado registrado es de $144.290[1], mientras que el ingreso medio de los asalariados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares no supera los $70.000[2]. Si se mira la foto, es la de un mercado laboral segmentado: Población Económicamente Activa (PEA) de 21 millones, 12 millones de trabajadores registrados -de los que solamente 6 son del sector privado-, 9 millones de trabajadores activos no registrados y una bajísima migración entre el sector formal y el informal. La película es peor si se la ve en perspectiva: en los años ´70 la PEA era de 8 millones, y se puede estimar que 7 millones eran trabajadores registrados, 5 del sector privado, y los trabajadores no registrados eran poco más de un millón[3]. Dentro de este panorama, los “planes sociales” son la respuesta que da el Estado para contener a los trabajadores que se ven expulsados estructuralmente del mercado de trabajo formal, pero no están ni cerca de abarcar la totalidad de ellos: 1.3 millones de trabajadores están alcanzados por el Potenciar Trabajo, cuando el universo en condiciones de percibirlo es, como se mencionó, de aproximadamente 9 millones -en efecto, ese fue el número alcanzado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el 2020-.
La temática suele dar lugar a una amplísima variedad de interpretaciones: desde la política pública, vinculadas a cómo ejecuta el Estado el presupuesto destinado a programas sociales o a la pregunta -devenida en muletilla- de por qué no mejor fomentar la creación de empleo “genuino”; desde una mirada moral albergada en conceptos como el de “planeros” o “vagos”; y desde una perspectiva más moderna en el campo de la economía y las ciencias sociales relacionada a la discusión del mercado laboral y el futuro del trabajo.
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¿Qué perspectivas tienen esos trabajadores? ¿Cuántos puntos tiene que crecer el PBI para que el mercado formal absorba, en estas condiciones, a un equivalente del 150% de su dotación actual? El futuro -y presente- del trabajo es una discusión en curso en el mundo entero, pero es coherente imaginar que las respuestas no se encuentran únicamente en las partidas presupuestarias del Estado, sino en el modelo económico, las reglas de juego y los marcos regulatorios del sistema.
Volver al mundo
Occidente ve morir lentamente las viejas reglas del mundo laboral. Las nuevas tecnologías generan cambios en el trabajo, la producción y el consumo. En ésta etapa del capitalismo, la concentración de la riqueza y los avances tecnológicos se retroalimentan, dejando atrás las épocas doradas del fordismo donde la industria era el motor de economías de pleno empleo. La forma en la que el mundo produce en el siglo XXI permite reducir la planta de los sectores regulados a niveles muy bajos, siendo menos los trabajadores que pueden acceder a los salarios y beneficios que allí persisten.
En la dinámica de éste nuevo capitalismo, el incremento en la productividad del capital se traduce en el ajuste de la mano de obra. Si se requiere menos cantidad de trabajo para producir lo mismo o más, la naturaleza del sistema favorece a emplear menos cantidad de trabajadores en el proceso y no, por ejemplo, reducir las horas de trabajo de cada uno de ellos o aumentar su ganancia. No es imposible imaginar un sistema normativo y de incentivos donde la lógica sea distinta, que puede plasmarse en la reducción de la jornada laboral, o el complemento entre lo que históricamente entendemos por trabajo y lo que estamos empezando a entender que también lo es, como las tareas vinculadas al cuidado, la creatividad colectiva o tareas de interés social como la amplísima gama de respuestas que dan las comunidades al déficit educativo, cultural y sanitario.
La forma en la que el mundo produce en el siglo XXI permite reducir la planta de los sectores regulados a niveles muy bajos, siendo menos los trabajadores que pueden acceder a los salarios y beneficios que allí persisten...
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¿Qué pasa con el universo de trabajadores que queda afuera? Muchos inventan su propio trabajo o se organizan en unidades productivas para realizarlo colectivamente: estos casos, estén o no organizados, son los que nuclea la economía popular y tienen sus propias relaciones económicas, simbólicas y políticas. Otros ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado informal, que es demandada por unidades productivas formales e informales pero por fuera de los convenios legales -estudios del 2017 estiman que en la Argentina la informalidad es del 8,5% para las empresas medianas y grandes, 32,5% en las pequeñas y 69,4% en las microempresas de menos de 5 personas-[4]. Una parte de ellas, en una modalidad interesante para pensar hacia adelante, son las plataformas.
Ahora, la exclusión del trabajo formal no implica estar por fuera del sistema si ampliamos la lupa, pero se modifica el lugar que el capital le asigna a los trabajadores. Las leyes laborales pueden ser fácilmente eludidas mediante nuevas prácticas que la legislación no contempla, lo que llamamos uberización. El potencial de las plataformas digitales se dilapida al convertirse en un modelo injusto para quienes trabajan con ellas, donde la figura del empleador no existe y los derechos laborales que deberían tener se transforman en obligaciones de empleabilidad. Sin idealizar la relación de dependencia ni esquivar una discusión necesaria sobre las nuevas formas de contratación, lo que se genera es una gran masa de trabajadores sin cargas sociales y salarios muy bajos. Aún con esas características, el capitalismo de plataformas no escapa a la ley de oferta y demanda: necesita trabajadores, ofrece ésas condiciones -las cuales son legales al esquivar la regulación tradicional-, y muchísima gente necesita trabajar. Esto da lugar a que una amplísima cantidad de trabajadores pueda incorporarse al mercado laboral sin depender más que de su propia voluntad de adherir a alguna plataforma, con ingresos bajos y sin los derechos que les corresponden.
Alternativas desde el margen
Al día de hoy las experiencias de economía popular tienen un punto en común con la economía uberizada: son alternativas para quienes quedan en los márgenes del sistema formal. Pero la génesis de la forma organizativa de cada experiencia genera un contraste muy marcado: mientras la mayoría de las plataformas ofrece una adhesión sin reparos al sistema ofrecido, con una narrativa que toma los postulados más cuestionables sobre el mercado de trabajo -la típica y nunca comprobada creencia de que la flexibilidad en la contratación y la ausencia de cargas sociales aumenta el empleo-; la economía popular nace y se organiza desde los propios actores, sin la existencia de un patrón.
Gran parte de la economía popular surge de experiencias comunitarias que buscan dar solución a algún problema social y a la falta de empleo: merenderos, comedores, cuadrillas de limpieza o trabajo, espacios de cuidados, empresas recuperadas. La situación socioeconómica que viven no les deja otra opción en la mayoría de los casos. Incluso la posibilidad de acceder a un celular con la conectividad necesaria y un vehículo que permita ser repartidor de una aplicación puede ser un limitante. Asimismo, en muchos casos, son circuitos que se comparten: trabajadores que ocupan parte de su tiempo en una cooperativa y otra parte haciendo delivery, o trabajan en un comedor o merendero cobrando el Potenciar Trabajo y además son empleados informales. Muchos más son quienes asisten a los espacios sociocomunitarios (alimentarios, educativos, culturales, deportivos, etc) y el valor social que ahí se produce, o las externalidades positivas que genera en el entorno barrial la existencia de ese trabajo, llevó al Estado la necesidad de reconocer esas tareas que no son remuneradas ni se valorizan en el mercado. Así como es irrisorio pedirle a un comedor comunitario que sea solvente financieramente y tenga que vender su producción para autosustentarse, también lo es descartar el trabajo que allí se realiza y pedirle a quienes lo hacen que en lugar de eso se dediquen a realizar contraprestaciones simbólicas o capacitaciones de armado de CV y empleabilidad para un mercado laboral que no tiende a incorporarlos, al menos en su mayoría.
Al día de hoy las experiencias de economía popular tienen un punto en común con la economía uberizada: son alternativas para quienes quedan en los márgenes del sistema formal.
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Esto no quiere decir que los trabajadores que hoy componen la economía popular y los sectores informales no deban ser absorbidos por el mercado de trabajo formal: sin duda es un horizonte deseable, y no son negativas las políticas que tienden a impulsar ese empalme, pero es indispensable entender las condiciones de posibilidad de ese horizonte y el carácter acotado del sujeto al que apunta. En ese marco, poder diferenciar entre la heterogeneidad de realidades que componen el sector es una virtud a la hora de pensar y planificar políticas públicas: hay una parte de los trabajadores de la economía popular que con algo de ayuda puede incorporarse al mercado formal, una parte de la economía informal que de igual manera puede formalizarse, una parte organizada de la economía popular que pudo o podría insertarse en circuitos de mercado y muchos trabajadores que luchan contra carencias estructurales y necesitan un acompañamiento más orientado a recomponer lazos educativos, sociales o vinculares. Entender esa heterogeneidad ayuda a saber qué pedirle al sector, qué puede aportar y lo importante que es su desarrollo para la funcionalidad de la economía en su conjunto.
Mirar desde acá
El Salario Social Complementario -hoy Potenciar Trabajo- surgió en 2016 con la Ley de Emergencia Social en base a estas discusiones, como el complemento del trabajo de quienes ya producen por su cuenta para llegar al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y siendo la primera instancia de reconocimiento -aunque parcial y cuantitativamente insuficiente-, en forma de trabajo y no de asistencia, al trabajo que produce valor pero no se realiza en el mercado, o no se comercializa, que es una de las realidades que integran el sector. El techo bajo de esta experiencia tiene que ver con su unicidad: lejos de ser una estrategia estatal en el marco de políticas públicas coordinadas, fue una conquista de los trabajadores que se organizaron para obtenerla y, así, se topa o incluso se contradice con normativas y regulaciones, como la regresividad del sistema tributario o la burocracia excesiva que hacen a la particularidad ecléctica de las iniciativas estatales en lo que respecta a la economía popular.
Así como es habitual la coincidencia entre la economía popular y el empleo informal, también lo es el desarrollo de nuevas actividades a partir del piso que proporciona un ingreso mínimo por una actividad que no ocupa la totalidad del tiempo. Cuando se estudian los casos piloto sobre polìticas de ingreso universal en el mundo, las evaluaciones sobre su implementación tienen, como principal característica, justamente el desarrollo por parte de quienes lo perciben de actividades productivas, educativas o de capacitación que previamente no eran accesibles (casos donde la pobreza en sí misma opera como una barrera a la entrada) y pudieron realizarse teniendo una base de ingresos para poder financiarlas, dedicarles tiempo o permitirse correr cierto tipo de riesgo para emprender.
En el caso del Potenciar Trabajo y la organización de la economía popular ocurre que las unidades productivas, sean o no mercantiles, tienden a explorar mecanismos para mejorar sus ingresos colectiva e individualmente. Son habituales los comedores que crecen hacia la gastronomía y la huerta, los albañiles que se capacitan en las cuadrillas de construcción y fortalecen su trabajo por cuenta propia y los trabajadores de servicios personales como peluquería, cuidado de personas o estética que pueden permitirse pagar cursos, comprar mejores insumos o dedicarle tiempo a profesionalizar y mejorar sus trabajos.
El fortalecimiento de la economía popular encuentra nuevas limitaciones: escasas posibilidades de crédito u otros servicios financieros como seguros y medios de ahorro, de apoyo logístico y administrativo y de incentivos para otros sectores a integrarse en cadenas de valor o circuitos de mercado.
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A medida que se va desarrollando, el fortalecimiento de la economía popular encuentra nuevas limitaciones: escasas posibilidades de crédito u otros servicios financieros como seguros y medios de ahorro, de apoyo logístico y administrativo y de incentivos para otros sectores a integrarse en cadenas de valor o circuitos de mercado. Éstos pasos no pueden darse de manera fragmentada o de a una unidad productiva a la vez, sino que debe pensarse un marco normativo para el sector que considere su realidad, tanto de la parte que está organizada como de la que no lo está, y tanto de la parte que es beneficiaria de programas sociales como de la inmensa mayoría que no lo es. Para ello es necesario un Estado que intervenga de manera eficiente y estratégica, no solamente con medidas de contención o paliativos, sino debatiendo, proyectando y planificando la modificación de las reglas de juego en el mundo del trabajo. El aporte que realiza la economía popular organizada a esta agenda no solamente es sustancial, sino que si no fuera por los mismos trabajadores que lograron ponerla en el centro del debate público, el sistema político no tendría los conceptos para comprender la realidad del trabajo en el siglo XXI.
La economía argentina atraviesa un momento particular, donde se debate el boom de consumo en paralelo al encarecimiento de las condiciones de vida, y conviven el cuestionamiento a los “planes sociales” con una distribución del ingreso que tiende a empeorar para los trabajadores. La economía popular en sus aportes debe instalarse en la agenda para poder entender y debatir esas contradicciones. Nos guste o no, vivimos en un mundo diferente que requiere respuestas nuevas a las que ya conocemos
[4] Schteingart, D. (2017). La estructura productiva: la madre de todas las batallas contra la pobreza. Revista Sociedad ISSN 2618-3137 https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/viewFile/3008/2489
